El presidente Javier Milei oficializó la disolución definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde Casa Rosada, y representa un quiebre histórico en la estructura estatal argentina.
La medida, que será publicada este martes en el Boletín Oficial, fue rubricada mediante decreto en el marco de las últimas horas de vigencia de las facultades delegadas al Ejecutivo, previstas en la Ley Bases. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó que el objetivo es eliminar organismos “sobredimensionados, ineficientes y asociados a prácticas corruptas”, heredadas de gestiones anteriores.
En reemplazo de estas entidades, se creará la Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte, que asumirá el control administrativo y de fiscalización, mientras que las rutas pasarán a ser concesionadas a privados. Se lanzará además un proceso de licitación para 9.120 kilómetros de rutas en todo el país.
El Gobierno justificó la decisión señalando que Vialidad Nacional, creada en 1932, se había transformado en un símbolo de corrupción estructural, sobre todo durante los años del kirchnerismo. La causa judicial por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, fue utilizada por Adorni como ejemplo de las prácticas que Milei busca erradicar.
Con más de 5.000 empleados, gran parte de ellos en funciones administrativas, y con costos operativos crecientes, Vialidad fue objeto de duras auditorías y críticas por superposición de funciones y baja eficiencia. El Gobierno asegura que la nueva etapa estará marcada por “mayor transparencia, profesionalismo y control real”, y por una drástica reducción del gasto público.
La decisión marca, según el Gobierno, el “acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, y se alinea con el plan de reformas estructurales que Milei prometió desde su asunción. Al mismo tiempo, Sturzenegger confirmó que no buscarán prorrogar las facultades delegadas, diferenciando su uso del aplicado durante los gobiernos kirchneristas.
Con este movimiento, Milei refuerza su narrativa de transformación radical del Estado, achicamiento del gasto y lucha contra las mafias enquistadas en la administración pública, posicionando su gobierno como el primero en cerrar entes históricos del aparato estatal.
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