Con el presidente Javier Milei ya de regreso en la Argentina, el Gobierno se prepara para lanzar una nueva batería de medidas económicas y administrativas que consolidarán su plan de reforma estructural. A menos de un mes de que caduquen las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, el Ejecutivo se apresta a firmar al menos 13 decretos que avanzan en el ajuste del Estado y la reorganización del aparato público.
Durante su ausencia, los textos normativos fueron redactados por sus equipos técnicos y ya están listos para ser rubricados. Según trascendió, los decretos implican una reestructuración profunda de diversas áreas del Estado, con foco en la reducción del gasto, eliminación de estructuras superpuestas y mayor concentración del poder de decisión en el Ejecutivo.
Los organismos más comprometidos con la reforma son el INTA, que sufrirá despidos, venta de activos y cambios en su modelo de gestión; además del Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer. Este último aún espera su reglamentación formal luego de haber sido señalado para su desregulación.
Desde el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, se detalló que existen actualmente 111 organismos bajo la órbita del Gobierno nacional, de los cuales 71 son descentralizados. El objetivo oficial es reducir esa estructura, a la que considera costosa e ineficiente.
La reducción del Estado ya viene mostrando cifras concretas: en el último año, la planta de empleados públicos cayó de 322.000 a 292.000 personas. Los sueldos de altos funcionarios permanecen congelados desde diciembre y siguen sin resolverse los reclamos de monotributistas por actualización de honorarios, que no se modifican desde octubre.
Con esta nueva etapa, Milei busca dejar en claro que su compromiso con el achique del Estado sigue firme, incluso con resistencias internas y cuestionamientos desde distintos sectores sociales.
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