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Modificaciones en la Ley de Etiquetado Frontal: una polémica que pone en jaque la transparencia alimentaria

El Gobierno nacional introdujo cambios significativos a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, generando un fuerte debate sobre el impacto en la protección del consumidor y la promoción de hábitos saludables.

por masquenoticiasesquina
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Un cambio en los criterios de etiquetado

Con la reciente disposición 11362/2024, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2024, se estableció una modificación clave en la Ley de Etiquetado Frontal (Nº 27.64). A partir de ahora, los sellos negros de advertencia en los envases de alimentos solo se aplicarán a los ingredientes añadidos durante el proceso de producción, dejando fuera los nutrientes propios y naturales de los alimentos.

Esto implica que una amplia variedad de productos alimenticios perderán los sellos de advertencia, entre ellos:

  • Quesos: Mantendrán solo el sello por exceso de sodio.
  • Yogures: Desaparece la etiqueta de exceso de sodio y podrían destacarse nutrientes adicionados como el calcio.
  • Mermeladas: El azúcar inherente a la fruta no será considerado, eliminando el sello de exceso de azúcares.
  • Aceitunas: Retendrán únicamente el sello por sodio; las grasas serán catalogadas como naturales.
  • Jugos de frutas: Aquellos con azúcares añadidos para conservación ya no serán etiquetados con sellos de advertencia.
  • Jamón: Si no contienen grasa añadida, solo se etiquetará el exceso de sodio.
  • Barritas de frutos secos: Perderán los sellos siempre que no incluyan aceites o grasas añadidas.

La implementación de estos cambios se verá reflejada en las góndolas entre fines de febrero y abril, una vez que las empresas ajusten el etiquetado.

Impacto y críticas: un retroceso en salud pública

Desde su implementación en 2021, la Ley de Etiquetado Frontal se posicionó como una herramienta clave para la promoción de hábitos saludables, la regulación del marketing de productos no saludables y la protección del consumidor. Sin embargo, estas modificaciones han generado preocupación en el ámbito de la salud pública.

La nutricionista e investigadora Leila Guarnieri advirtió que los cambios representan un retroceso significativo en los objetivos de la ley. Según Guarnieri, flexibilizar los criterios para los sellos negros «reduce la cantidad de información que los consumidores reciben sobre los productos que compran». Esto, además de relajar las restricciones en el marketing de alimentos no saludables, podría desviar la legislación de su propósito inicial: priorizar la salud y los derechos del consumidor argentino.

Otra preocupación clave es la falta de evidencia científica que respalde estas modificaciones y la ausencia de un debate amplio con expertos en nutrición y salud. Según Guarnieri, «estos cambios no solo diluyen el espíritu de la ley, sino que favorecen estrategias comerciales por encima de la salud pública».

Un dilema entre salud y mercado

El gobierno ha justificado los cambios argumentando que permiten un etiquetado más «realista» al diferenciar entre los nutrientes naturales y los añadidos. No obstante, esta postura ha generado críticas sobre la influencia de las grandes empresas alimenticias en la definición de políticas públicas.

Las modificaciones en la Ley de Etiquetado Frontal plantean un dilema fundamental: ¿debe priorizarse la protección del consumidor y la promoción de la salud pública o la flexibilización de las normativas para favorecer el mercado? Este debate resalta la necesidad de equilibrar los intereses comerciales con políticas sólidas que preserven la transparencia y la confianza del consumidor.

El futuro de la alimentación saludable en Argentina

Con estos cambios, el panorama de la alimentación saludable en Argentina podría experimentar un giro significativo. Si bien la nueva normativa busca simplificar los criterios de etiquetado, la reducción de sellos negros en los productos podría debilitar el impacto de una ley que había sido pionera en la región.

A medida que se implementen estas modificaciones, será clave evaluar cómo afectan al comportamiento del consumidor y a los índices de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como la obesidad y la diabetes. Por ahora, las voces críticas insisten en que la lucha por una alimentación más saludable debe mantenerse como una prioridad en la agenda pública.

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