El gobierno de Javier Milei, a través del flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, está evaluando otorgar un subsidio por hasta 12 meses a empresas privadas que contraten empleados públicos que pasen a “disponibilidad”. Esta medida forma parte del plan para racionalizar el gasto estatal y reducir la estructura del Estado.
El objetivo es reubicar a los empleados que se encuentren en planta permanente pero que se vean afectados por la reestructuración o reducción de organismos, facilitando su inserción en el sector privado formal. Aquellos empleados que no sean reubicados estarán obligados a recibir capacitación o a desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Si después de ese período no encuentran un puesto en el sector privado, serán despedidos e indemnizados.
Sturzenegger explicó en declaraciones a Radio Mitre: “Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”.
Eliminación y Reforma de Organismos Públicos
En paralelo, Sturzenegger trabaja en la eliminación o reforma de unos 60 organismos públicos, los cuales serán suprimidos, considerablemente reducidos o fusionados con otras áreas. Algunos de los organismos mencionados incluyen el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero, como parte de una política “integral” de “desmantelamiento de diferentes institutos” considerados “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”, según Manuel Adorni, vocero del gobierno. Sin embargo, la implementación concreta de estas medidas se espera a partir de un decreto de Sturzenegger.
Fundamentos y Plan de Acción
Los fundamentos detrás de estas reformas no se han oficializado, pero se basan en la premisa de que ciertos organismos no tienen un fin necesario para la función pública o han sido utilizados de manera irregular durante administraciones anteriores para desviar fondos públicos. En lugar de intentar sanear estos organismos, el gobierno ha decidido suprimirlos.
En su designación como ministro, se estableció que Sturzenegger tendría injerencia sobre otras áreas, previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. No obstante, en Desregulación y en las carteras cuyos organismos serán afectados, se mantiene la reserva sobre la forma exacta en que se articulará el decreto y la fecha en que se pondrá en marcha.
El organigrama estatal incluye otros organismos bajo revisión, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), y el Instituto Nacional del Teatro (INT), entre varios otros cuya existencia ha sido cuestionada o asociada a prácticas indebidas en línea con el discurso de Milei contra la “casta” política.
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