A solo 110 días de la conclusión del conflicto que mantuvo en vilo a la provincia de Misiones y al país, la tensión entre la policía y el gobierno local vuelve a escalar. Ayer, un juez de instrucción ordenó la detención de un suboficial de la policía provincial, Diego C., acusado de planear una nueva toma de la Jefatura de la Policía en la capital, en el marco de un reclamo salarial que sigue sin resolverse.
El arresto, ordenado por el juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, tuvo lugar después de que un compañero de Diego C. presentara una denuncia. Según el relato del denunciante, el suboficial lo había contactado el pasado sábado para invitarlo a participar de una toma de la Jefatura que se llevaría a cabo entre la noche del martes 17 y la mañana del miércoles 18 de septiembre.
El denunciante, un efectivo de la Comisaría Décima, aseguró que Diego C. le pidió expresamente cambiar su turno de guardia para estar disponible durante la protesta. “Tenemos una movida para el martes en la noche en la casa de Carlos Rovira, quiero saber si estás con la protesta o no”, relató el agente, refiriéndose al exgobernador y actual vicepresidente de la Legislatura misionera. Ante la negativa del agente a participar, Diego C. cortó la comunicación.
Reclamos salariales y antecedentes de protestas
El arresto de Diego C. está estrechamente vinculado a un conflicto salarial que, aunque parecía haber llegado a su fin en mayo de este año, aún genera descontento en las filas policiales. A principios de este mes, el gobierno provincial anunció un aumento del 5% para los agentes de la fuerza, un incremento que fue rechazado por los representantes de la “mesa de diálogo”, compuesta por policías retirados como Ramón Amarilla y Germán Palavecino.
El aumento salarial fue considerado insuficiente por un sector de la policía, que continúa presionando por mejoras económicas. La protesta de mayo, que culminó con la toma de la sede del Comando Radioeléctrico sobre la avenida Uruguay, derivó en una serie de sanciones que ya comienzan a hacerse efectivas. Se ha confirmado que la Justicia misionera iniciará procesos disciplinarios contra 21 agentes que participaron del acampe en aquel momento.
Posibles sanciones y causas judiciales
La situación actual en Misiones refleja un clima de tensión creciente entre las fuerzas de seguridad y el gobierno provincial. Los policías involucrados en la revuelta de mayo enfrentan no solo sanciones administrativas, sino también causas judiciales que podrían afectar sus carreras dentro de la fuerza. Este nuevo intento de toma, liderado por Diego C., amenaza con reavivar el conflicto y generar una mayor polarización en una institución clave para la seguridad de la provincia.
La rápida respuesta de la Justicia y la detención del oficial involucrado dejan en evidencia la preocupación del gobierno provincial por evitar que se repitan escenas de confrontación y caos como las vividas a mediados de este año. Sin embargo, queda por ver si las medidas adoptadas serán suficientes para contener el malestar dentro de la fuerza policial y si el conflicto salarial finalmente encontrará una resolución definitiva.
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