Una significativa victoria judicial se concretó este viernes para la comunidad migrante en Estados Unidos, particularmente para venezolanos y haitianos, tras la decisión del juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco (California), de restituir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para casi 600 mil venezolanos y más de medio millón de haitianos. La medida, que se extenderá al menos hasta octubre de 2026, revierte una controvertida cancelación y beneficia a más de un millón de migrantes que habían sido sumidos en la incertidumbre.
El fallo del magistrado Chen anuló la orden emitida a fines de enero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había cancelado la protección migratoria. La argumentación de Noem se basaba en la supuesta mejora de las condiciones en Venezuela y en la afirmación de que la Administración Biden se había precipitado al otorgar una extensión del TPS, según consignó El País.
Adicionalmente, la secretaria había intentado vincular a la comunidad migrante con las acciones de la banda criminal Tren de Aragua, lo que fue percibido como una criminalización generalizada.
En su sentencia, el juez Chen refutó categóricamente la postura de Noem, señalando que su decisión de revocar el TPS “no solamente fue sin precedentes en cuanto a la forma en que se hizo y la velocidad a la que se quiso implementar, sino que viola la ley”. El magistrado enfatizó la trayectoria del programa, afirmando que “por 35 años el estatuto de TPS ha sido aplicado fielmente por administraciones presidenciales de ambos partidos […] con la consulta y participación del Departamento de Estado y de otras agencias, en procesos que implican análisis y revisiones cuidadosas”. Esta observación subraya la excepcionalidad y la falta de fundamento en la acción de la secretaria Noem.
La “velocidad” a la que se refirió el juez Chen aludía a la intención del Departamento de Seguridad Nacional de conceder un período de apenas 60 días a los beneficiarios del TPS para tramitar un cambio de estatus migratorio, un plazo considerado irrisorio y poco práctico. El dictamen judicial, que responde a una demanda interpuesta en marzo por la Alianza Nacional de TPS y otros siete querellantes, sostiene que “los demandantes han demostrado que posponer el vacatur, a nivel nacional, es el único remedio”. Los demandantes habían calificado la acción del gobierno como “arbitraria y caprichosa”, una caracterización que el tribunal validó con su fallo.
La necesidad de mantener el TPS para venezolanos y haitianos se ha visto reforzada en las últimas semanas por la evolución de las condiciones en sus países de origen. Las tensiones entre Washington y el régimen venezolano se han intensificado notablemente, con la presencia de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe, justificada por la necesidad de “frenar el narcotráfico que proviene del país sudamericano”. Este escenario se agravó con el reciente ataque a una embarcación que, supuestamente, transportaba un cargamento de drogas y que resultó en la trágica muerte de sus 11 tripulantes, evidenciando la inestabilidad y los riesgos asociados a la situación venezolana.
En el caso de Haití, la situación humanitaria y de seguridad ha alcanzado niveles críticos. La lucha encarnizada entre pandillas ha sumido al país en un estado de ingobernabilidad total y caos social, haciendo inviable el retorno seguro de sus ciudadanos. Estas realidades, lejos de mejorar, han empeorado, consolidando los argumentos para la continuidad de la protección migratoria.
El dictamen emitido este viernes pone fin a un período de profunda incertidumbre para cientos de miles de inmigrantes que, a raíz de la revocación del programa en el último semestre, se vieron afectados por despidos laborales y, en algunos casos, arrestos. La situación se había vuelto particularmente apremiante hace apenas dos días, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunciaba la cancelación del beneficio que protegía a los sudamericanos que lo recibieron en 2021, generando una ola de preocupación y desesperanza.
La noticia fue recibida con júbilo por las comunidades afectadas. Adelys Ferro, directora del Venezuela American Caucus, expresó su satisfacción en redes sociales, declarando: “Ganamos la batalla, todos los tepesianos [el alusión al TPS] están protegidos”. Ferro enfatizó que la sentencia del juez Chen abarca tanto a los beneficiarios del TPS de 2023 como a aquellos que lo obtuvieron en 2021, asegurando una protección integral para la totalidad de la población migrante afectada.
De cara al futuro, el juez Chen especificó en su sentencia que, dada la alta probabilidad de una apelación por parte del gobierno ante el tribunal federal de apelaciones del Noveno Distrito y, eventualmente, ante la Corte Suprema, la anulación del vacatur debe entrar en vigor de manera inmediata este mismo viernes. Esta disposición busca garantizar la continuidad de la protección mientras se resuelven las posibles instancias judiciales superiores.
El TPS, un programa establecido en 1990, ha sido una herramienta fundamental para brindar protección a extranjeros de 16 países, respondiendo a situaciones de emergencia como conflictos armados, regímenes autoritarios y desastres naturales. Desde el regreso de la administración republicana al poder, los intentos por eliminar este programa han sido constantes. Sin embargo, en múltiples ocasiones, jueces federales han fallado a favor de conservar esta protección, salvaguardando así a millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando refugio y estabilidad. La decisión de hoy se inscribe en esta línea de precedentes judiciales que priorizan la protección humanitaria frente a las políticas de cancelación.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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