El escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider , acusado de irregularidades financieras, ha generado un fuerte cruce entre el kirchnerismo y el oficialismo. Mientras Unión por la Patria (UP) promueve la expulsión de Kueider del Senado, el gobierno de Javier Milei propone una medida más amplia y contundente: la destitución de todos los legisladores con causas judiciales en curso.
La propuesta libertaria
La administración de Milei evalúa convocar a una sesión especial la próxima semana para tratar esta iniciativa. La propuesta apunta a establecer un criterio uniforme que abarque a todos los integrantes del Congreso investigados judicialmente, independientemente de su afiliación política.
Entre los legisladores en la lista elaborada por el oficialismo figuran nombres de peso del kirchnerismo, como Máximo Kirchner , Santiago Cafiero , Victoria Tolosa Paz , y Rodolfo Tailhade . Estos mismos legisladores habían firmado un proyecto de resolución impulsado por UP para apartar a los diputados y senadores sospechosos de recibir «dádivas» en la aprobación de la Ley Bases .
El vocero presidencial, Manuel Adorni , reforzó esta postura mediante una encuesta en su cuenta de X. La consulta, con más de 82.000 votos , arrojó un abrumador 92,1% a favor de destituir a todos los legisladores investigados.
El kirchnerismo contraataca
Por su parte, UP insiste en la creación de una comisión investigadora para esclarecer supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la Ley Bases, una clave normativa para la agenda del gobierno de Milei. Desde este espacio, sostienen que Kueider habría sido cooptado por el oficialismo para votar a favor de la ley, desmarcándose de su bloque político.
El diputado kirchnerista Santiago Cafiero , en redes sociales, reclamó una intervención urgente del Congreso para investigar posibles irregularidades. «Es urgente que el Congreso de la Nación intervenga a través de una Comisión Investigadora para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación a favor del oficialismo en la Ley Bases», expresó.
El dilema ético y político
La propuesta del oficialismo pone al kirchnerismo en una situación incómoda, obligándolos a definir si está dispuesto a apoyar la remoción de legisladores investigados de su propio bloque. Esto podría debilitar su posición en un Congreso ya polarizado, donde cada voto cuenta.
A su vez, la iniciativa de Milei enfrenta críticas por el potencial riesgo de judicializar aún más la política argentina. Según algunos analistas, el gobierno podría estar utilizando esta propuesta como un contraataque político en lugar de un verdadero esfuerzo por combatir la corrupción.
Escenarios posibles
- Sesión conjunta o enfrentada: La coincidencia temporal de las sesiones solicitadas por ambos espacios políticos podría generar un debate unificado sobre la ética legislativa.
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