El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Paso de la Patria resolvió dictar una medida cautelar para proteger a una adolescente de 17 años que denunció ser víctima de acoso escolar por parte de un grupo de compañeros del colegio al que asiste.
La decisión fue adoptada por el juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien tras analizar testimonios, capturas de pantalla y audios presentados como prueba, consideró que existía una situación de hostigamiento persistente que requería una intervención urgente del Poder Judicial.
“El plexo probatorio, si bien escueto, es suficiente para acreditar una potencial situación de acoso escolar (bullying), que amerita la adopción de medidas de cese de acciones tendientes a este objetivo, y resguardo de la integridad psicofísica de la adolescente víctima”, afirmó el magistrado en su resolución.
Clases virtuales por 90 días y prohibición de contacto
Entre las medidas dispuestas, el juez ordenó que tres de los adolescentes señalados por la víctima continúen sus estudios de forma virtual durante un plazo de 90 días. Asimismo, se impuso la prohibición de todo tipo de contacto entre ellos y la joven, tanto presencial como a través de redes sociales o plataformas digitales de mensajería.
El magistrado también enfatizó que las agresiones no solo ocurrieron dentro del ámbito escolar, sino que continuaron a través de medios digitales, configurando una forma de ciberacoso. En su análisis, remarcó que el bullying no se trata de una pelea ocasional, sino de una conducta repetitiva con un claro desequilibrio de poder.
“El acoso implica una repetición continuada de burlas o agresiones, que suelen ir en un espiral creciente de violencia y terminar produciendo la exclusión social de la víctima o una suerte de muerte civil”, explicó el juez Sánchez Martínez.
Advertencias a los agresores y seguimiento institucional
La resolución judicial fue notificada a las autoridades del colegio, que deberán implementar acciones para garantizar el cumplimiento de la medida y la protección de la joven. También fueron informados los adolescentes involucrados, sus tutores y responsables legales. El juzgado advirtió que el incumplimiento de la orden podría configurar un delito penal.
Además, el magistrado dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas disposiciones en caso de que surjan nuevos elementos o se agrave la situación. Con esta decisión, el Poder Judicial busca no solo frenar el daño ya producido, sino también prevenir futuras agresiones, en una etapa particularmente sensible del desarrollo de los adolescentes.
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