El Gobierno nacional presentó un recurso per saltum para intentar frenar la medida del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ordenó que Manuel García-Mansilla se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantenga su condición de juez de la Corte Suprema designada en comisión. Sin embargo, la polémica escaló cuando se supo que García-Mansilla ya había firmado 215 fallos desde que fue nombrado por decreto, y 50 de ellos fueron emitidos el mismo jueves en que el Senado de la Nación rechazó formalmente su designación con 51 votos negativos.
La situación abre un escenario de incertidumbre jurídica: ¿tienen validez esas resoluciones? ¿Qué ocurre con las causas sensibles en las que intervino? Entre los fallos firmados se encuentra el caso Diana Sacayán, una activista trans brutalmente asesinada en 2015. Contra toda expectativa, la Corte no avaló el carácter de travesticidio, lo que desató duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad.
En la misma jornada, el máximo tribunal también dejó firme el sobreseimiento de Pedro Cornelio Federico Hooft, investigado por su presunto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Noche de las Corbatas, uno de los episodios más oscuros de la represión ilegal en la ciudad de Mar del Plata, ocurrido en julio de 1977. En aquella ocasión, varios abogados fueron secuestrados por grupos de tareas en el marco del terrorismo de Estado.
La continuidad de García-Mansilla en el máximo tribunal ha sido cuestionada por profesores de derecho de diversas universidades, quienes difundieron una declaración pública en rechazo a su permanencia en el cargo sin el aval legislativo. A este repudio se sumó una declaración del juez supremo Ricardo Lorenzetti, quien expresó que, en su caso, no habría aceptado asumir un cargo por decreto: “Yo no hubiera asumido en esas condiciones”, declaró en una entrevista reciente.
El escenario es tenso y jurídicamente frágil. La Corte queda ahora bajo la lupa de la legalidad y legitimidad institucional. Si el per saltum del Gobierno no prospera, se abrirá un nuevo frente de crisis en el sistema judicial argentino, agravado por la presencia de un magistrado cuya designación carece de respaldo constitucional.
Mientras tanto, la sombra de la intervención política sobre el Poder Judicial vuelve a encender el debate sobre la independencia de los jueces y la calidad democrática en el país. Y todo ocurre en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
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