Un entramado de contratos millonarios ha sido desvelado en torno a un esquema de retorno de fondos públicos que involucra al empresario Enrique “Pepe” Albistur, íntimo amigo del expresidente Alberto Fernández, y a la Cooperativa de Trabajo Moll Limitada y X La Plata Publicidad Limitada. Denominado como “Pochoclogate,” esta red de contratos multimillonarios de publicidad estatal, muestra cómo las cooperativas mencionadas facturaban al Estado, entregando parte de las ganancias tanto al clan Albistur como a los organismos gubernamentales que encargaban publicidad.
Cómo Operaban las Cooperativas
Según la investigación, estas cooperativas estaban bajo el control de José Luis Olaverria, presunto testaferro de Albistur. Las cooperativas Moll y X La Plata Publicidad cobraban millonarios contratos de publicidad de entidades como PAMI, Telam, Anses, Banco Provincia, y otras, con la Provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Axel Kicillof como su cliente principal.
Este esquema se remonta a 2019, cuando Kicillof, en plena campaña para la gobernación de Buenos Aires, comenzó a consolidar un vínculo con las empresas de Olaverria. Las facturaciones en ese momento fueron en aumento, llegando en 2023 a un auge con un total de 97 comprobantes que suman 167.875.000 pesos, destacándose la campaña “Alcohol Cero”, liderada por el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia, con una factura individual de 4.270.000 pesos.
Crecimiento de la Relación Comercial en la Provincia de Buenos Aires
Desde que Kicillof asumió como gobernador, la relación entre su administración y las cooperativas de Olaverria ha continuado consolidándose. El Ministerio de Comunicación Pública de Buenos Aires, liderado por Jesica Rey, ex jefa de campaña de Kicillof en 2019, es el mayor cliente de Moll y X La Plata Publicidad. Bajo la dirección de Rey, este ministerio ha manejado los contratos de publicidad estatal de la provincia, con una suma de 220.600.000 pesos en contratos publicitarios actuales para estas cooperativas.
La investigación plantea preguntas sobre el uso de fondos públicos y los retornos que supuestamente beneficiarían tanto al grupo Albistur como a las entidades gubernamentales.
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