La investigación conocida como “Pochoclogate”, revelada por La Derecha Diario, ha destapado un esquema de corrupción en el que José Luis Olaverría, testaferro del clan Albistur, manejó durante más de 10 años cooperativas que prestaban servicios publicitarios a diversas entidades del Estado, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, la AFIP y la ANSES. La trama involucra comisiones millonarias que fluían hacia los Albistur a través de las cooperativas que controlaba Olaverría, generando retornos de dinero por contratos oficiales de publicidad.
El entramado de las cooperativas
Olaverría controlaba dos cooperativas clave: la Cooperativa de Trabajo Moll Ltda. y la Cooperativa X La Plata Publicidad Ltda., ambas con oficinas en La Plata. A través de estas entidades, Olaverría prestaba servicios de cartelería pública, pero los contratos no quedaban ahí. Según los correos electrónicos a los que accedió La Derecha Diario, Olaverría rendía cuentas a Francisco Albistur, hijo del reconocido empresario publicitario Enrique “Pepe” Albistur, quien maneja uno de los holdings más poderosos del sector.
En un correo datado del 27 de junio de 2016, Olaverría le informaba a Francisco Albistur sobre los contratos que había firmado con la Provincia de Buenos Aires, la AFIP y la ANSES, correspondientes a septiembre de 2015. En el correo, se detallaban comisiones del 35% que debían ser pagadas a las autoridades bonaerenses, mientras que el resto de las ganancias se repartía entre Olaverría (33%) y los Albistur (66%).
Las comisiones detrás de los contratos
Los documentos revelan que esta modalidad de corrupción comenzó hace más de 10 años y habría facturado un total de 1.216 millones de pesos por servicios prestados a entidades estatales. En un correo del 10 de marzo de 2017, Olaverría rindió cuentas por campañas publicitarias realizadas para la Provincia de Buenos Aires, Banco Provincia y Provincia Seguros. El esquema incluía la entrega de comisiones que, en algunos casos, llegaban hasta el 50% del monto total del contrato.
El dinero proveniente de estas operaciones era distribuido entre Olaverría y los Albistur, con la mayor parte de las ganancias (66%) yendo hacia el holding publicitario de Albistur. Además, los documentos señalan que las cooperativas debían pagar comisiones a las instituciones gubernamentales que solicitaban los servicios de publicidad, como la Secretaría de Medios y otras dependencias de la Provincia de Buenos Aires, entonces bajo el gobierno de María Eugenia Vidal.
“Pochoclogate”: Ganancias millonarias y contratos con diversos gobiernos
El clan Albistur, que incluye a Pepe Albistur y su hijo Francisco, recibió retornos millonarios durante años a través de esta red. Un cálculo indica que en una sola operación en 2017, los Albistur ganaron 522.000 pesos, lo que equivale a más de 37 millones de pesos actuales. Sin embargo, esta fue solo una fracción de lo que el esquema facturó a lo largo de los años.
Entre los principales clientes de las cooperativas de Olaverría se encuentran organismos como la Municipalidad de Berazategui, AFIP, ANSES, PAMI, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, la Agencia TÉLAM, y varias dependencias de la Provincia de Buenos Aires. Además, la investigación señala que el sistema de retornos continuó durante el gobierno de Axel Kicillof, quien es actualmente uno de los principales clientes de Olaverría a través del Ministerio de Comunicación Pública, encabezado por Jesica Rey.
Implicaciones políticas
Si bien la investigación no ha vinculado directamente a María Eugenia Vidal con este entramado, su administración aparece repetidamente en los documentos que muestran el pago de comisiones a entidades estatales durante su mandato. La Derecha Diario asegura que presentará las pruebas y documentos ante la Justicia para que la investigación siga su curso legal.
El “Pochoclogate” no solo expone un esquema de corrupción profundamente arraigado en la provincia más grande del país, sino que también destaca cómo diferentes administraciones estatales, sin importar el signo político, se beneficiaron de una red que utilizaba los recursos del Estado para favorecer a empresarios cercanos al poder.
Conclusión
Este caso representa un nuevo capítulo en la larga lista de escándalos de corrupción en Argentina, en el que la publicidad estatal vuelve a estar en el centro del debate. Mientras las investigaciones continúan, el destino de los involucrados y el impacto político de estas revelaciones quedarán en manos de la Justicia y de la opinión pública.
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