Un fuerte debate ha surgido en la provincia de Chaco luego de que Gabriela Casa, trabajadora judicial, fuera trasladada por la fuerza al área de Salud Mental del Hospital Perrando. El operativo, que incluyó la intervención de fuerzas de seguridad, ha sido criticado por la brutalidad de su ejecución y las posibles irregularidades legales.
Videos que circulan en redes sociales mostraron el momento en que policías rompieron la puerta de la casa de Casa para llevarla al hospital contra su voluntad. La mujer, que previamente había denunciado maltratos laborales en el Poder Judicial provincial, se encontraba en buen estado de salud según sus familiares, pero fue sedada y permanece internada, dependiente de la decisión de la Justicia para obtener el alta.
Las denuncias de Gabriela Casa
Casa había manifestado públicamente su preocupación por la lentitud y la inacción en las investigaciones de maltrato laboral que ella misma había iniciado en su lugar de trabajo, la Defensoría General de Chaco. En sus declaraciones, Casa relató que esta no era la primera vez que había sido internada de manera forzosa debido a su conflicto laboral. Afirmó que tras una denuncia por violencia laboral, comenzó a sufrir un hostigamiento creciente en su lugar de trabajo, lo que la llevó a pedir una licencia médica debido al estrés y problemas de salud mental.
En los videos grabados el día del operativo, Casa denunció que había sido trasladada sin orden judicial previa. “Yo trabajo en el Poder Judicial, soy abogada, y empecé a denunciar irregularidades. Después de hacer un reclamo laboral, me sacaron del trabajo y ahora me trasladan sin decirme los motivos”, expresó angustiada.
La intervención de las fuerzas de seguridad y el hospital
El ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, explicó que la internación de Casa responde al protocolo de internación involuntaria contemplado en la Ley de Salud Mental, que permite este tipo de procedimientos en situaciones extremas. Según Rodríguez, la decisión se tomó en conjunto con las fuerzas de seguridad, la Defensoría General y el órgano revisor correspondiente, asegurando que el procedimiento fue legal y justificado por motivos de salud pública.
Por su parte, el abogado de Casa, Alejandro La Regina, cuestionó la legalidad del traslado. Aseguró que no hubo ninguna autorización formal para llevar a cabo el operativo y calificó el accionar como “arbitrario e ilegal”. A pesar de la presencia de una escribana en el lugar, no se presentó una orden judicial específica para autorizar el ingreso violento a la vivienda de Casa ni su traslado.
Repercusiones y debate legal
El operativo generó conmoción en Resistencia, no solo por la violencia con la que se ejecutó, sino también por las dudas que han surgido sobre si se respetaron los derechos de la mujer. En uno de los videos difundidos, se puede ver cómo los efectivos derriban la puerta de la casa, ingresan y luego, tras forcejear, trasladan a Casa en una camioneta de seguridad mientras la mujer gritaba y pedía ayuda.
El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, justificó la actuación policial amparándose en el artículo 213, que permite allanamientos sin orden judicial en situaciones excepcionales. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada tanto por los abogados de Casa como por su familia, quienes denuncian que se trató de un acto de abuso de poder.
Consecuencias y el rol de las autoridades
El hermano de Gabriela Casa, Benjamín Casa, sostuvo que la internación de su hermana fue innecesaria y motivada por sus denuncias laborales. Relató que durante el operativo, Gabriela fue sedada y llevada al hospital contra su voluntad, y denunció que su hermana había sido sometida a malos tratos por parte de la policía.
Mientras tanto, las autoridades del Hospital Perrando confirmaron que Casa permanece internada y su estado de salud está siendo evaluado por los médicos. Sin embargo, su alta médica dependerá de la evaluación conjunta del equipo tratante y del Poder Judicial.
El caso ha generado una discusión más amplia sobre el uso de la Ley de Salud Mental en Argentina, el respeto a los derechos individuales y los límites del poder estatal en la intervención sobre la salud mental de las personas. Además, el Órgano de Control Institucional de Chaco anunció que se abrirá una investigación sobre la actuación policial, aunque no se ha confirmado si también se investigará la emisión de la orden de internación.
Un llamado a la transparencia y protección de derechos
El caso de Gabriela Casa subraya la importancia de garantizar que cualquier intervención en el ámbito de la salud mental respete los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la necesidad de una mayor transparencia y control sobre las acciones de las fuerzas de seguridad y los organismos del Estado. La discusión sobre el uso adecuado de la Ley de Salud Mental se mantiene abierta, y este caso podría marcar un precedente importante en la defensa de los derechos humanos en Argentina.
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