En medio de una creciente polarización en el debate público y el uso masivo de redes sociales como espacios de confrontación política, la diputada y candidata del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvia Lospennato, presentó una controversial iniciativa conocida como «Ley contra la Violencia Digital», que ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos civiles y usuarios de plataformas digitales.
¿De qué trata la propuesta?
El proyecto busca penalizar las conductas consideradas “violentas” en el entorno digital, incluyendo insultos, agresiones verbales, lenguaje considerado ofensivo y, especialmente, el uso del anonimato en redes sociales. La ley propone multas económicas y medidas de identificación obligatoria para usuarios que comenten o difundan contenidos con estos perfiles.
Aunque en su presentación se habló de proteger a las personas de ataques virtuales, la ambigüedad de los conceptos empleados, como “violencia digital” o “palabras violentas”, generó fuertes cuestionamientos.
De la ética de campaña a la censura institucional
Durante una reciente conferencia de prensa, María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, respaldó a Lospennato y subrayó la necesidad de mantener una “competencia limpia, sin ataques personales ni fake news”. En ese marco, la ley aparece como una herramienta para institucionalizar este enfoque, trasladando a lo legal lo que hoy es un planteo ético de campaña.
Pero distintos sectores advierten que la medida traspasa los límites de la protección y entra en el terreno del control del discurso político y ciudadano, especialmente en un año electoral donde las redes sociales se han vuelto un espacio fundamental para la libre circulación de ideas.
Vínculos y antecedentes
Críticos del proyecto destacan la amistad histórica entre Silvia Lospennato y Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, quien durante la campaña presidencial de 2023 realizó denuncias judiciales contra usuarios de Twitter que criticaban al entonces ministro. Ese antecedente, combinado con esta nueva propuesta, alimenta sospechas sobre un patrón de hostigamiento a voces disidentes, bajo el pretexto de preservar el “buen trato digital”.
Preocupación por el anonimato y la privacidad
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la prohibición del anonimato en redes, medida que podría poner en riesgo la privacidad de miles de usuarios, incluidos periodistas, activistas y ciudadanos que eligen proteger su identidad para evitar represalias.
Para muchos analistas, la ley podría ser usada como una herramienta de censura, amparando sanciones contra personas que critiquen al gobierno, funcionarios o figuras públicas. La propuesta fue comparada con mecanismos similares aplicados en regímenes autoritarios.
Un debate que recién comienza
A medida que avanza la campaña y el Congreso comienza a debatir el proyecto, la “Ley contra la Violencia Digital” se perfila como uno de los temas más polémicos de la agenda legislativa del PRO, con posibles repercusiones profundas sobre el modelo de libertad de expresión digital en la Argentina.
Para sus detractores, no se trata de proteger a la ciudadanía, sino de blindar a la clase política del disenso y eliminar uno de los pocos espacios verdaderamente libres que quedan: el discurso en redes sociales.
¿Prevención o censura? La respuesta, como el alcance real de la ley, dependerá de cómo avance el debate y de qué tan dispuesto esté el electorado a tolerar nuevas formas de regulación en nombre de la convivencia.
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