Una vez más, las prioridades del Estado provincial quedan bajo la lupa. Con dos decretos firmados en marzo de 2025, el Gobierno de Corrientes autorizó millonarias partidas presupuestarias que revelan un contraste que incomoda: $4.536 millones fueron destinados a la provisión de mate cocido para internos de dos cárceles en Paso de los Libres, mientras que apenas $967.500.000 se utilizarán para comprar 10.000 sillas y pupitres escolares que deberán repartirse entre instituciones educativas de toda la provincia.
Las cifras son contundentes. Mientras que los internos de las Unidades Penales N°9 y N°11 recibirán 9.000 raciones diarias de cocido, los miles de estudiantes correntinos seguirán esperando mobiliario adecuado, en escuelas muchas veces deterioradas y peligrosas. A razón de los números oficiales, la inversión en cocido quintuplica la destinada a educación, un hecho que ha generado malestar y preocupación entre docentes, tutores y organizaciones educativas.
La falta de inversión en infraestructura escolar se refleja en episodios concretos. Hace apenas tres semanas, un estudiante de nivel secundario de la Escuela Normal de la ciudad capital resultó herido cuando se le cayó encima una ventana rota. Debió ser trasladado al hospital Escuela con cortes en la cabeza. El hecho fue silenciado por temor a represalias, según confirmaron padres y docentes del establecimiento.
Lejos de suspender clases o iniciar reparaciones urgentes, las autoridades solo reubicaron a los alumnos en otro salón, mientras la estructura dañada sigue sin ser reparada. Este no es un caso aislado: los reclamos por escuelas en mal estado son sistemáticos y persistentes en toda la provincia.
En un contexto económico adverso, las decisiones presupuestarias marcan con crudeza las verdaderas prioridades de gestión. La inversión en condiciones básicas para la educación parece seguir en segundo plano, incluso por detrás de servicios en contextos penitenciarios. Una situación que, para muchos, es directamente inaceptable.
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