La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, junto con 14 colaboradores, en una causa que investiga el desvío de fondos públicos provenientes de planes sociales. Según la justicia, los acusados habrían utilizado su posición de poder para extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, obligándolos a entregar parte de sus subsidios y a participar en movilizaciones políticas bajo amenazas.
Delitos imputados y el camino al juicio oral
El fallo de la Sala IV, integrado por los jueces Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas de los acusados, dejando expedito el camino hacia el juicio oral.
Los imputados enfrentan cargos de administración fraudulenta, extorsión y amenazas coactivas, acusaciones que giran en torno al desvío de fondos destinados a planes sociales para fines políticos y al uso de prácticas coercitivas sobre personas en situación de vulnerabilidad.
El esquema de extorsión: cómo operaba
La causa se originó en diciembre de 2023, cuando una línea de denuncias anónimas (134) habilitada por el gobierno de Javier Milei reveló un entramado de coerción y abuso.
- Aportes obligatorios: Beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo eran forzados a entregar una parte de su subsidio como «aporte» al Polo Obrero.
- Movilizaciones forzadas: Testimonios y mensajes de WhatsApp demostraron que las marchas organizadas por la agrupación no eran voluntarias. Los beneficiarios que se negaban a participar eran amenazados con perder el plan.
- Manipulación electoral: Durante las PASO de 2023, los beneficiarios habrían sido presionados para votar por candidatos del Polo Obrero, incluso enviando fotografías como prueba de su sufragio.
Testimonios clave y el rol de Jeremías Cantero
Una de las pruebas más contundentes en la causa provino de testimonios de colaboradores arrepentidos que declararon bajo identidad reservada.
Uno de los arrepentidos detalló el modus operandi: “Nos enviaban audios con instrucciones precisas. Debíamos convocar a las personas con fuerza, dando la dirección exacta media hora antes. Si no cumplían, se les advertía que serían perjudicados en recategorizaciones o podrían perder el plan.”
Jeremías Cantero, señalado como el número dos de Belliboni, también enfrenta pedidos de ampliación de procesamiento por su participación activa en las extorsiones.
Repercusiones políticas y próximas instancias
El procesamiento de Belliboni y sus colaboradores tiene implicancias políticas profundas, especialmente en el marco del plan de Javier Milei de reformar los planes sociales y combatir los privilegios en su asignación.
La justicia también investiga al exfuncionario Emilio Pérsico, acusado de estar involucrado en el esquema desde su posición en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que podría destapar más irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Con este fallo, se espera que el caso avance hacia un juicio oral durante 2024, donde se presentarán las pruebas que la Cámara Federal consideró contundentes para sostener las acusaciones.
Un precedente en la lucha contra el abuso de fondos públicos
El caso Belliboni no solo expone un esquema de abuso que afecta a los sectores más vulnerables, sino que también subraya la necesidad de mayor transparencia y control en la administración de los planes sociales.
La causa promete marcar un antes y un después en la lucha contra el mal manejo de fondos públicos y las prácticas coercitivas, sentando un precedente para futuras investigaciones y reformas.
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