Jorge Castillo, conocido públicamente como el “rey de La Salada”, fue procesado este miércoles por la Justicia Federal de Quilmes en una causa de alto perfil que lo vincula con una compleja red delictiva. Se lo acusa de evasión fiscal, asociación ilícita, lavado de dinero y violación de la ley de marcas. La decisión judicial implica, además, un embargo por $750 millones y su permanencia en condición de detenido.
La detención de Castillo ocurrió el 22 de mayo durante un operativo de alto impacto en el country Haras Argentino Farm Club, en Luján, donde participaron 30 efectivos de la Policía Federal Argentina. No fue un hecho aislado: se ordenaron otras 20 detenciones y múltiples allanamientos en ferias como El Olimpo y las galerías del barrio porteño de Flores, sitios clave en el esquema de comercialización investigado.
La investigación comenzó hace una década, en 2015, tras una denuncia de la AFIP por presunta evasión impositiva en la feria La Salada. De acuerdo al expediente, Castillo, junto con sus socios Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, habría montado una estructura societaria diseñada para dificultar la identificación de los verdaderos beneficiarios económicos. Utilizaban declaraciones juradas engañosas y facturas apócrifas para esconder el volumen real de la operatoria comercial.
La feria de Punta Mogotes, que lideraba Castillo, fue clausurada tras su arresto, pero reabrió semanas después bajo estrictas condiciones: los titulares de los puestos deben estar inscriptos en el ARCA, registrar a todos sus empleados, emitir comprobantes legales de venta, demostrar la procedencia de la mercadería y adherir a sistemas de cobro bancarizados. Además, las administraciones deben renovarse en un plazo de 90 días.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, encabezó la acusación formal. La causa fue elevada a juicio con cifras que impactan: entre 2013 y 2017 se habría evadido más de $268 millones entre Ganancias e IVA, además de intereses superiores a $228 millones. Solo Castillo habría omitido declarar más de $29 millones, sumando tributos e intereses.
El caso, que ya avanza hacia el juicio oral, vuelve a poner en foco el rol del Estado en el control de grandes centros de venta informal, donde durante años imperó la opacidad y la falta de fiscalización. El desafío es no solo penalizar delitos ya cometidos, sino establecer condiciones duraderas de legalidad y transparencia.
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