La expresidenta Cristina Kirchner pidió este martes a la Justicia la suspensión de la ejecución de sus bienes por la causa Vialidad y la nulidad de esa medida. A través de un escrito, calificó de “disparate jurídico” el cálculo del monto a decomisar y aseguró que no depositará el dinero exigido por el Tribunal Oral Federal N°2.
Cristina Kirchner presentó sus argumentos contra el decomiso en un documento dirigido a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En el texto, firmado también por su abogado Alberto Beraldi, la exmandataria afirmó: “No tengo bienes producto del delito”. Sostuvo que el decomiso solo aplica a la recuperación de activos obtenidos de forma ilícita.
La defensa de la expresidenta insiste en que toda su evolución patrimonial es legítima. Argumenta que esta afirmación tiene respaldo en fallos judiciales previos. En esos casos, fue sobreseída por enriquecimiento ilícito. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio”, detalló en el escrito Cristina.
Así, solicitó entonces la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar los fondos y pidió que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas. Además, argumentó que no existe una sentencia judicial firme sobre el monto final del decomiso.
Un punto central del reclamo es la metodología de cálculo que el tribunal utilizó para actualizar la cifra. El monto del decomiso se fijó en $684.990.350.139, una cifra que la expresidenta considera desproporcionada.
El escrito denuncia “errores fácticos y jurídicos” en el cálculo. Sostiene que los jueces convirtieron una estimación provisoria en una definitiva sin debate previo. El principal cuestionamiento apunta al uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la actualización. La defensa afirma que el tribunal no explicó por qué descartó otras alternativas técnicas, como la aplicación de tasas bancarias.
Cristina Kirchner se quejó de un “trato desigual y arbitrario” y señaló que el mismo tribunal, en días previos o en casos similares, utilizó “la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” para actualizar reparaciones económicas. Según su presentación, el uso del IPC incrementó “en cien veces el monto”. Calificó la medida como un proceso de carácter confiscatorio, algo prohibido por la Constitución Nacional.
La defensa también argumentó que el tribunal confunde el decomiso penal con la reparación civil de perjuicios. Indicó que el uso del IPC para el decomiso traslada criterios de la acción civil al ámbito penal, lo cual considera inválido.
La presentación judicial incluye un apartado específico sobre los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La expresidenta pidió que se excluyan del decomiso por ser ajenos a la causa Vialidad. En 2016, les realizó un anticipo de herencia. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían señalado que esos bienes también debían ser decomisados.
Cristina Kirchner solicitó que se convoque a sus hijos al proceso para que puedan defender sus derechos. Argumentó que la cesión de derechos sobre la herencia de Néstor Kirchner fue un acto jurídico legítimo. Recordó que esa operación ya fue investigada y sobreseída por la Justicia. Subrayó que la casi totalidad de los bienes recibidos por sus hijos fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos de la causa Vialidad.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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