Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para este jueves, cuando se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados desde las 14 horas.
Se trata de la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendrá la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
El secretario general de Aceiteros, Daniel Yofra, señaló en comunicación con AM650 Somos Argentina que “nuestro plan de lucha no puede terminar cuando concluya el tratamiento en el Congreso”.
En sintonía con ese deseo, agregó que “vamos a pedirle a la CGT un paro de 36 horas”.
Firmado por el secretario general, Roberto Fernández, desde el sindicato que agrupa a los trabajadores del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia agradecieron “el acompañamiento a todos los compañeros por la voluntad y el compromiso demostrado” en el paro de la CGT.
En una sesión caliente en Diputados donde se discute el proyecto de ley de la reforma laboral, Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria (UxP) por Santa Fe, desenchufó al menos cuatro cables de los equipos ubicados en el escritorio de los taquígrafos con la intención de interrumpir el debate. La legisladora libertaria Lilia Lemoine registró el momento y lo compartió en redes sociales.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, redobló la apuesta y posteó en su cuenta de X que el paro podría extenderse por 36 horas y con movilización si la reforma vuelve al Senado. “Esta ley nos conduce a la catástrofe social”, escribió.
En su cuenta de X, la CGT celebró el nivel de adhesión que tuvo el paro nacional.
Cristian Jerónimo (Vidrios) se solidarizó con los trabajadores de Fate, la fábrica nacional de neumáticos que anunció su cierre.
“Repudiamos el hecho y nos solidarizamos con todos los compañeros que hoy se encontraron con una fabrica cerrada. Esto es lo que vivimos todos los días en la Argentina y tenemos un Gobierno que dice que este proyecto viene a reformar. Esto no moderniza nada, no va generar mas puestos de trabajo”, sentenció Jerónimo.
La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte anunció que convocó un Paro General del Transporte, a partir de las 00:00 horas del día jueves 19 de febrero y por el término de 24 horas, en adhesión al paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo.
“Queremos informar que se verán afectadas todas las modalidades del transporte en todo el territorio nacional”, sostuvieron a través de un comunicado.
Todos sabían. El artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que dispone descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador, se incluyó a último momento en el debate legislativo, pero todos los senadores estaban al tanto de su contenido al momento de votar.
La polémica que se desató después de la aprobación movió a varios aliados del Gobierno a alegar que desconocían la inclusión de ese punto y plantear su desacuerdo. La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, primero defendió el artículo, después dijo que se harían aclaraciones para evitar malos entendidos y finalmente consideró que habían cometido “un error” en la redacción. Presionada por los números y por el impacto en la opinión pública, la Casa Rosada se resignó a quitar los cambios en las licencias médicas del proyecto que debatirá la Cámara de Diputados.
La central obrera confirmó el paro para este jueves 19 a través de sus redes sociales.
El gobernador bonaerense cruzó al gobierno de Javier Milei a través de las redes sociales, donde escribió que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable».
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la central obrera ubicada en Azopardo 802, los jefes de las Confederación General del Trabajo confirmaron la convocatoria al paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados.
“Por todo eso esta confederación del trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley vamos a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, remarcó Jorge Sola, uno de los integrantes de la conducción cegetista.
En su visita a LN+, Rodolfo Aguiar afirmó que su deseo es que al gobierno de Javier Milei “le vaya mal”.
Por Manuel Casado
Los jefes de las Confederación General del Trabajo (CGT) darán hoy, a las 11, una conferencia en su sede de Azopardo 802 para detallar el anuncio del paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados. La decisión de convocar al cuarto cese nacional de actividades en lo que va del mandato de Javier Milei se tomó el lunes durante una reunión por Zoom del consejo directivo.
Pese a los cuestionamientos de sectores más críticos e intransigentes, en la central obrera se impuso “una lectura mayoritaria de no convocar nuevamente a la calle”, tras la desdibujada marcha de la semana pasada durante la sesión en el Senado, para focalizar el plan de lucha en los centros productivos con una paralización total.
El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado que pone como ejemplo “no ponerse entre focos violentos y el personal de las fuerzas”.
Por Jaime Rosemberg
Ahoras del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.
“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a LA NACION cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.
Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.
Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.
Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.
Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a LA NACION uno de los interlocutores de Fernández.
Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes confiables.
El economista Antonio Aracre visitó los estudios de LN+, donde opinó sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.
“Entiendo que el sindicalismo solo tiene ojos para los seis millones de trabajadores registrados, pero hay 10 millones de argentinos que tienen trabajo en negro. Y eso les imposibilita el acceso a una jubilación digna, asistencia de salud o el acceso a horas extras”, analizó.
“Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan al sistema?“, remató.
Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas y conductores de locomotoras y trenes de todo el país, confirmó la adhesión a la iniciativa de la CGT.
Por otro lado, criticó el articulado que compone la reforma laboral. “El derecho a huelga es innegociable. Es como que a los periodistas les prohíban opinar”, deslizó.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, dialogó con LN+ y manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores”, manifestó.
Sobre la huelga, sostuvo que “para nosotros, el paro debía ser con movilización”.
La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a un paro y movilización para este jueves contra la reforma laboral.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.
Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
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