La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a la expresidente Cristina Kirchner, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo, de más de 1,600 páginas, fue emitido por la Sala IV en una audiencia pública en Comodoro Py y confirma también las penas para Báez y otros exfuncionarios clave, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.
En esta sentencia, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron la condena a Kirchner, mientras que el juez Gustavo Hornos propuso además imputarle el delito de asociación ilícita, un argumento solicitado por la Fiscalía. Sin embargo, la sentencia aún no es de cumplimiento inmediato, ya que la defensa cuenta con 10 días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir en última instancia, aunque sin un plazo establecido para emitir su fallo definitivo.
Un esquema de fraude millonario: adjudicación sistemática y abuso de poder
La investigación, que se extiende desde 2003 hasta 2015, se centró en la adjudicación de 51 licitaciones para obras viales en rutas de Santa Cruz, realizadas en gran parte por empresas vinculadas a Báez, quien se benefició notablemente de estos contratos. Según el fallo, el crecimiento financiero de Báez fue «directamente vinculado a la asignación de obra pública» en esta región, y se estima que el perjuicio económico para el Estado alcanzó los 84.000 millones de pesos. El proceso fue gestionado por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz y la Dirección Nacional de Vialidad, con el apoyo de altos funcionarios de ambos organismos.
Además de los exfuncionarios ya mencionados, otros acusados, como Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, fueron señalados por avalar irregularidades durante las licitaciones y la ejecución de las obras. También se evidenció el papel del entonces secretario de Obras Públicas, José Francisco López, quien propuso el Decreto PEN 54/09, firmado por Kirchner, que permitía financiar las obras irregulares desde la Dirección Nacional de Vialidad.
Consecuencias y próximos pasos judiciales
Además de la sentencia y la confirmación de las condenas de prisión, el fallo incluyó el decomiso de bienes y activos de los involucrados, equivalentes a los 84.000 millones de pesos señalados como perjuicio al Estado. Este decomiso busca resarcir el daño al patrimonio público y es una medida excepcional en procesos de esta índole.
Si bien esta ratificación representa un avance en términos judiciales, la posible apelación ante la Corte Suprema significa que la condena a Cristina Kirchner no tendrá efectos inmediatos, y el futuro de la causa se definirá en una resolución final de la Corte. El desenlace de este proceso también podría influir en el contexto político de Argentina, ya que la sentencia inhabilita a Kirchner de manera perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría tener repercusiones en su participación política a largo plazo.
Una causa de alto perfil que marca un precedente
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sienta un precedente relevante en el tratamiento de casos de corrupción vinculados a la administración pública en Argentina, especialmente aquellos que involucran a figuras de alta jerarquía. En un país donde la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública son temas de gran preocupación, esta sentencia refuerza el mensaje de que el abuso de poder y la administración fraudulenta tendrán consecuencias legales.
Este caso y sus próximos capítulos ante la Corte Suprema continuarán siendo objeto de atención nacional e internacional, dado el impacto potencial en el panorama político y el sistema judicial argentino. La decisión final determinará no solo el futuro de los implicados, sino también el curso de las políticas de transparencia y rendición de cuentas en el país.
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