El sistema de salud pública en Argentina enfrenta desafíos crecientes, particularmente en provincias como Corrientes , donde la confianza de la población en los hospitales públicos ha aumentado considerablemente frente a las clínicas privadas. Ante esta realidad, el gobierno provincial instauró un sistema de recuperación que permite cobrar a las obras sociales por las atenciones médicas brindadas en hospitales públicos. Ahora, un proyecto de ley busca formalizar y fortalecer este mecanismo.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores , propone derogar la Ley 3593 y el Decreto 656/2002 , con el objetivo de regular el recupero de gastos en los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud. El director de la Unidad Ejecutora Provincial ( UEP ), Ariel Vázquez , destacó que el recupero del gasto público en salud pasó de 1.000 millones a 10.000 millones de pesos desde 2022, gracias a los acuerdos con distintas obras sociales.
El ministro de Salud, Ricardo Cardozo , expresó su optimismo sobre la propuesta y resaltó que su aprobación en Diputados permitiría mejorar la recaudación y garantizar un sistema de salud gratuito y de calidad . Además, la ley contempla la creación de un nomenclador provincial , con valores más equitativos para las prestaciones médicas.
Entre los puntos clave del proyecto se destacan:
- Redistribución de recursos recuperados para mejoras edilicias e insumos.
- Cobro a ciudadanos extranjeros por los servicios brindados.
- Implementación de tecnologías digitales para agilizar trámites y optimizar el acceso a la atención médica.
El Senado provincial aprobó el proyecto por unanimidad , reflejando el consenso político en torno a la necesidad del arancelamiento hospitalario . El senador Diógenes González , impulsor de la iniciativa, subrayó que los fondos recaudados se destinarán directamente al fortalecimiento del sistema de salud pública .
La medida no solo busca equilibrar las cargas del sistema sanitario , sino también mejorar la calidad del servicio y garantizar que los hospitales públicos continúen brindando atención gratuita y de excelencia . Sin embargo, su implementación también representa un desafío: gestionar los recursos de manera eficiente sin afectar la accesibilidad para los sectores más vulnerables.
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