El desmantelamiento de Vialidad Nacional
La administración de Milei ya había paralizado la mayoría de las obras viales en el país, permitiendo la continuidad de solo algunos proyectos en cuatro provincias. Ahora, el siguiente paso sería la eliminación de Vialidad Nacional como organismo autónomo, integrándolo con otras entidades vinculadas a la infraestructura vial.
El ajuste incluiría una drástica reducción de personal: de los 5.400 empleados actuales, se espera que queden aproximadamente 3.800 en una primera fase. Además, el Gobierno ya había anunciado el cierre de varias delegaciones provinciales, lo que refuerza la idea de una transformación estructural en la gestión vial.
Hacia una mayor privatización de las rutas
El plan no solo busca reformar la estructura estatal, sino también ampliar la concesión de rutas al sector privado. Actualmente, el Gobierno trabaja en la licitación de operación y mantenimiento de las rutas gestionadas por Corredores Viales SA
El proyecto se divide en dos fases:
- Primera fase (2025): Se concesionarán dos tramos del Corredor 18, cuya concesión actual vence en abril de ese año. Este corredor incluye rutas estratégicas como la RN 12 y la RN 14, el Puente Rosario-Victoria y conexiones clave en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
- Segunda fase (a lo largo de 2025): Se licitarán más de 8.500 kilómetros adicionales, incorporando rutas que antes no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba. En total, se concesionarán 9.342 kilómetros en tres tramos, que representan el 20% de la red vial nacional, pero que concentran el 80% del tránsito.
Un cambio de paradigma en la obra pública
Este movimiento se enmarca en la estrategia del Gobierno de Milei de reducir el gasto público y promover la inversión privada en infraestructura. Sin embargo, la desaparición de Vialidad Nacional y la creciente privatización del mantenimiento vial generan incertidumbre sobre el futuro de la obra pública y la accesibilidad a las rutas nacionales.
El debate sobre la reforma vial ya está abierto y promete ser un tema central en la agenda política del 2025. Mientras tanto, el sector del transporte y las provincias afectadas siguen de cerca las decisiones del Ejecutivo, que podrían redefinir el mapa vial del país en los próximos años.
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