Gendarmería Nacional Argentina (GNA) llevó a cabo una serie de allanamientos en las localidades de Santa Lucía, Corrientes, y Guaymallén, Mendoza, que resultaron en el rescate de 43 personas víctimas de explotación laboral, incluyendo 10 niños. Las operaciones, ordenadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, fueron el resultado de una investigación rigurosa que también expuso un complejo esquema de evasión fiscal en las fincas y campos donde estas personas eran sometidas a condiciones inhumanas de trabajo.
El operativo, que se desarrolló el pasado lunes, incluyó el allanamiento de siete inmuebles y culminó con el decomiso de bienes y dinero en efectivo por un valor considerable. Durante las inspecciones, se incautaron más de 10 millones de pesos (en moneda nacional y extranjera), cuatro máquinas para contar billetes, tres armas de fuego, una embarcación, 14 vehículos entre tractores, autos y motocicletas, dos autoelevadoras, 19 teléfonos celulares y diversos dispositivos de almacenamiento.
Explotación laboral y evasión fiscal
La investigación llevada a cabo por Gendarmería Nacional reveló una situación alarmante: los 33 adultos y 10 menores rescatados eran sometidos a explotación laboral en condiciones insalubres y degradantes. Estas personas, que trabajaban en fincas y campos en ambas localidades, no solo eran víctimas de trata, sino que además los responsables de estos lugares llevaban a cabo maniobras de evasión fiscal, un delito que también fue documentado durante la investigación.
La explotación laboral se suma al grave problema de la trata de personas con fines de trabajo forzado en Argentina, una práctica que en los últimos años ha generado una mayor atención de las autoridades. Los allanamientos y el rescate de las víctimas fueron posibles gracias a los trabajos de campo y la exhaustiva recopilación de pruebas que indicaban que, además de la evasión fiscal, existía una red de explotación laboral que operaba con total impunidad.
Impacto y repercusiones del operativo
Este exitoso operativo, coordinado por Gendarmería y avalado por el Juzgado Federal de Goya, es un ejemplo de la lucha en Argentina contra la trata de personas y la explotación laboral, problemas endémicos en algunas regiones rurales del país. El decomiso de bienes y el arresto de los responsables envía un mensaje claro a quienes intentan lucrar a costa de los derechos fundamentales de los trabajadores.
La situación de los menores rescatados es particularmente preocupante, ya que pone en evidencia la vulnerabilidad de las familias enteras que son captadas y explotadas bajo promesas engañosas. La justicia y las autoridades ahora deberán velar por la protección y recuperación de las víctimas, así como continuar las investigaciones para asegurar que todos los implicados en estos crímenes respondan ante la ley.
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