La conferencia de prensa brindada por Manuel Adorni desató una fuerte polémica al revelar que uno de los pisos cedidos a la Universidad Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMA) era utilizado como boliche clandestino. La denuncia pone en el centro del debate la gestión de bienes del Estado y la responsabilidad de las organizaciones beneficiadas.
La cesión del inmueble y su propósito original.
En enero de 2018, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asignó dos pisos del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 al IUNMA, a través de la Resolución RS-2018-03383408-APN-AABE#JGM. El objetivo era instalar la sede de esta universidad, orientada a proyectos educativos y sociales.
Esta cesión implicó la revocación de permisos previamente otorgados a otras organizaciones, como la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y la FTV . Según los documentos oficiales, la medida buscaba racionalizar el uso del patrimonio estatal y destinarlo a iniciativas de interés público. Sin embargo, lo denunciado por Adorni contradice estas multas.
Las irregularidades denunciadas
Adorni aseguró que el inmueble, bajo la responsabilidad de Madres de Plaza de Mayo , operaba como un boliche clandestino, alejándose de los fines educativos y sociales establecidos en la resolución de la AABE. Registros oficiales y pruebas documentales refuerzan esta denuncia, generando cuestionamientos sobre la supervisión ejercida tanto por el IUNMA como por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández.
Por su parte, desde Madres de Plaza de Mayo intentaron desligarse del caso, pero documentos fechados en 2018 confirman que los pisos cedidos estaban bajo su esfera de responsabilidad.
Responsabilidades en la cesión
La medida fue aprobada por Ramón María Lanús , presidente de la AABE en aquel entonces y actual intendente de San Isidro, junto con su vicepresidente, Pedro Villanueva . Ambos justificaron la asignación como parte de una política nacional para optimizar el uso del patrimonio estatal.
No obstante, la falta de control sobre el cumplimiento de los objetivos originales ha generado críticas. Los documentos sugieren que ni la AABE ni el Ministerio implementaron auditorías efectivas para garantizar el correcto uso del espacio.
Impacto y debate público
La denuncia expone deficiencias graves en la gestión de bienes públicos. Además de incumplir con los objetivos estipulados, la actividad ilegal en el inmueble representa una violación de los principios que fundamentaron su cesión.
Organismos de control, líderes políticos y referentes sociales coinciden en la necesidad de implementar auditorías periódicas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las multas establecidas en las cesiones de bienes estatales. Este caso podría sentar un precedente para endurecer las políticas de control sobre el uso de inmuebles públicos.
Conclusiones
El caso del boliche clandestino en un inmueble cedido al IUNMA no solo revela fallas de gestión, sino que también pone en duda la eficacia de los mecanismos de supervisión del Estado. Mientras las denuncias avanzan, las críticas apuntan tanto a la gestión de las Madres de Plaza de Mayo como a las autoridades que permitieron que este uso indebido continuara sin intervención.
El impacto de este escándalo podría derivar en cambios significativos en la regulación y control del patrimonio público en Argentina.
-
-
-
-
-
