En una jornada cargada de tensión, el Senado de la Nación protagonizó un nuevo capítulo de confrontación institucional, al rechazar las propuestas del Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia . La maniobra política, articulada entre el kirchnerismo y sectores del PRO, impidió la designación del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla , promovidos por el presidente Javier Milei .
La votación no dejó margen de ambigüedad: 51 senadores votaron en contra de García-Mansilla y solo 20 lo hicieron un favor. En el caso de Lijo, el resultado fue más ajustado: 43 rechazos, 27 apoyos y una abstención . Detrás de los números se evidencia un bloqueo concertado entre dos espacios políticos históricamente enfrentados , que en esta ocasión coincidieron en desbaratar una jugada clave del Gobierno nacional.
Consensos inesperados, intereses cruzados
El rechazo no fue jurídico, sino profundamente político. Lo que Milei plantea como una renovación institucional —con perfiles sin compromisos con el statu quo judicial— fue interpretado por el sistema político tradicional como una amenaza a su poder de fuego en la Justicia.
Paradójicamente, fueron los mismos que han cooptado la Corte y colonizado organismos de control durante décadas quienes acusaron al Ejecutivo de “usurpar” el proceso constitucional . La designación en comisión de García-Mansilla, amparada en facultades ejecutivas, fue presentada como ilegítima por sectores que, en el pasado, no dudaron en utilizar decretos para nombrar o sostener funcionarios a su conveniencia.
Ficha Limpia, otro revés al proyecto libertario
En la misma sesión, también fue rechazada la Ley de Ficha Limpia , una de las principales propuestas de La Libertad Avanza . El proyecto buscaba impedir que personas condenadas por delitos contra la administración pública puedan presentarse como candidatos. Su aprobación hubiera tenido un efecto inmediato en el mapa electoral: figuras como Cristina Fernández de Kirchner , condenadas por corrupción en la causa Vialidad, habrían quedado inhabilitadas.
El macrismo, lejos de apoyar la iniciativa, se alineó una vez más con el kirchnerismo para evitar su avance. La señal es clara: el poder tradicional protege a sus actores clave , aun cuando eso implica renunciar a banderas discursivas como la transparencia o la ética pública.
Un Senado funcional al bloqueo
El quórum necesario (37 senadores) se alcanzó con los votos del Frente de Todos, junto a los de Lousteau , De Ángeli , Tagliaferri y Paoltroni , entre otros. La ausencia estratégica de referentes del PRO y de la UCR facilitó el rechazo, confirmando que detrás del “no” hubo una estrategia deliberada para frenar el avance institucional del oficialismo .
La sesión, presidida por Bartolomé Abdala , se desarrolló en un clima de fuerte hostilidad. Las intervenciones más encendidas provinieron de la oposición, con críticas que combinaron argumentos legales, falacias ideológicas y ataques personales. Anabel Fernández Sagasti , por ejemplo, intentó vincular el decreto presidencial con la “inestabilidad económica”, una acrobacia argumental que evidencia la falta de sustancia técnica en el debate .
Por su parte, José Mayans , jefe del bloque kirchnerista, acusó a García-Mansilla de “usurpar el cargo” y exigió su renuncia inmediata, calificando a la Corte Suprema de “servil” por haberle tomado juramento.
García-Mansilla y el dilema de la institucionalidad
Cabe recordar que durante la audiencia pública del 28 de agosto, García-Mansilla había declarado que no aceptaríaasumir el cargohabía declarado que no aceptaría una designación por decreto. Sin embargo, al constatar el bloqueo sistemático que se gestaba en el Senado, decidió asumir el cargo como gesto de responsabilidad institucional . Su posición, en lugar de ser valorada, fue atacada por los mismos sectores que durante años manipularon el aparato judicial a conveniencia .
El Gobierno nacional sostiene que su designación es válida hasta noviembre , en cumplimiento del reglamento vigente. Pero el rechazo del Senado anticipa una nueva batalla legal y política, donde el oficialismo se enfrentará no solo a la oposición declarada, sino también a los residuos del pacto de impunidad transversal que aún domina la Justicia argentina .
Una batalla por el poder real
Lo sucedido en el Senado deja en evidencia que el enfrentamiento no es solo partidario, sino estructural : el oficialismo libertario desafía los pilares de una democracia corporativa, mientras el viejo sistema resiste con todo el peso de sus estructuras.
En el centro de este conflicto está la Corte Suprema , símbolo del poder institucional. Lo que¿Quién escribe las reglas del nuevo orden político y judicial?. Y, por ahora, el “bloqueo con consenso” parece tener ventaja. Pero el reloj sigue corriendo y el escenario está lejos de estar cerrado.
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