Resignado a esperar que el Congreso comience a tratar su “Ley de Hojarasca”, cuyo futuro ya no depende de su voluntad, el nuevo ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera acción por decreto desde su incorporación formal al Gabinete. Conocido por el polémico y parcialmente frenado DNU/70, Sturzenegger utilizará su autoridad para eliminar o reformar unos 60 organismos públicos, que serán suprimidos del organigrama estatal, reducidos considerablemente o fusionados con otras áreas.
El Decreto 51: Una Reforma Radical
El “Decreto 51”, como se ha denominado preliminarmente, aún está en preparación, pero incluirá áreas que operan de manera descentralizada bajo la órbita de los ministerios. Algunos ejemplos revelados por la Casa Rosada incluyen el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), bajo el Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona. En total, unas 60 entidades, de mayor o menor envergadura, estarán afectadas.
Fundamentos y Consecuencias
Aunque los fundamentos oficiales del decreto aún no se han publicado, se espera que giren en torno a la idea de que estos organismos no cumplen una función pública necesaria o fueron utilizados irregularmente durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el gobierno de Sturzenegger optará por suprimirlas.
Durante su designación como ministro, se estableció que Sturzenegger tendría injerencia sobre otras áreas previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. Sin embargo, tanto en Desregulación como en las carteras cuyos organismos serán afectados, se mantiene la reserva sobre cómo se articulará el decreto y cuándo se implementará.
La Casa Rosada había anunciado en febrero el cierre del INADI como parte de una política integral de desmantelamiento de diferentes institutos considerados “grandes cajas de la política” o simplemente “lugares para generar empleo militante”, según el vocero Manuel Adorni. Pero esta medida solo se concretará con el decreto de Sturzenegger, conocido familiarmente como “Fredy”.
Implicaciones para el Futuro
El resto de los organismos afectados aún se mantienen en reserva, pero otros posibles candidatos incluyen el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner, el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El objetivo principal de estas medidas es recortar el presupuesto, aunque esto probablemente implique gastar millones en indemnizaciones por despidos o en retiros voluntarios. Desde el Gobierno aseguran que esta medida ayudará a eliminar las “trabas del Estado”. Un asesor del Presidente en la Casa Rosada explicó: “El problema no es la cantidad de empleados, sino tener a esos empleados creando impedimentos desde la estructura”.
Con la medida de Sturzenegger, el Gobierno estará más cerca de cumplir el objetivo de alcanzar las 70 desvinculaciones fijadas poco después de asumir. Sin embargo, estas eliminaciones conllevarán gastos en concepto de indemnizaciones, como en el caso de la agencia de noticias oficial Télam, que fue eliminada por completo tras numerosos retrasos en la ejecución de los retiros voluntarios.
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