Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) iniciaron este miércoles 6 de marzo un paro total de actividades en rechazo a las políticas de ajuste salarial del gobierno nacional, según informó la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN).
La modalidad de la protesta será sin asistencia a los lugares de trabajo y cuenta con la adhesión de otros gremios universitarios como la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (ADIUNNE) y el Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE (CODIUNNE).
La secretaria general de ATUN, María de los Ángeles Galarza, expresó que la medida se da en defensa de la universidad pública y contra la pérdida de poder adquisitivo del sector:
«Seguimos trabajando duro para defender el derecho de todos los argentinos y argentinas a la universidad pública nacional, y nos oponemos firmemente a las recurrentes políticas de ajuste del gobierno de Milei, que deterioran el salario de las y los trabajadores universitarios», sostuvo.
Primera medida del año
Se trata de la primera protesta sindical del año por parte de los trabajadores no docentes, luego de un 2024 marcado por reiteradas acciones gremiales en defensa del salario y de la universidad pública.
Desde ATUN recordaron que el año pasado el grado de adhesión a las medidas de fuerza fue en aumento, alcanzando hacia finales de 2024 un promedio superior al 70% de acatamiento entre los trabajadores y trabajadoras de la UNNE.
Reclamos al gobierno nacional
Los gremios universitarios exigen la recomposición salarial inmediata, el aumento del presupuesto para las universidades públicas y el cumplimiento de los acuerdos paritarios.
«No podemos aceptar que la crisis económica recaiga sobre los trabajadores y la educación pública, mientras el gobierno aplica políticas de ajuste que afectan a los sectores más vulnerables», señalaron desde ADIUNNE.
El conflicto universitario se suma a la creciente tensión social por el impacto de las políticas de ajuste del gobierno nacional, mientras el sector educativo reclama mayor inversión para garantizar el acceso a la educación pública y gratuita.