Por una resolución emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desde el 1° de abril todos los vendedores de bienes y servicios del país están obligados a detallar en las facturas el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). La normativa apunta a fortalecer la transparencia fiscal y ofrecer al consumidor una visión clara del componente impositivo incluido en el precio final de los productos.
“La medida de transparencia fiscal es una resolución que tiene validez a nivel nacional”, confirmó el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, en diálogo con EL LIBERTADOR. “Lo que se busca es que el consumidor esté informado y sepa qué es lo que se paga por impuestos nacionales”, agregó.
Ahmar explicó que esta disposición no implica una baja o eliminación de impuestos, sino una estrategia de comunicación clara hacia la ciudadanía. “Queremos aclararle más que nada a la población que no es que se va a dejar de pagar impuestos —dijo—. Lo que se busca es informar al consumidor, que sepa qué es lo que está pagando al adquirir un producto”.
Implementación escalonada y foco educativo
Aunque la medida comenzó a regir oficialmente este mes, su aplicación para grandes empresas estaba en marcha desde enero. Las cadenas de hipermercados, farmacias de gran porte y otros comercios de gran escala ya adaptaron sus sistemas para cumplir con la resolución. “De a poco se va normalizando”, aseguró Ahmar, quien destacó que estas firmas fueron notificadas con antelación y comenzaron el proceso de adecuación desde comienzos de año.
La normativa también invita a las provincias a adherirse formalmente y a participar del proceso de control y fiscalización. Según indicó el Subsecretario, los controles son realizados por personal nacional, pero las jurisdicciones locales deben colaborar activamente en las inspecciones.
En ese marco, desde el área de Comercio se está trabajando en una tarea clave: la docencia. “Nosotros venimos colaborando, sobre todo en hacer docencia desde nuestra área e ir instando a los comercios a que se vayan adhiriendo”, explicó Ahmar. El objetivo es que los pequeños y medianos comerciantes, que aún no están plenamente incorporados, avancen hacia el cumplimiento con acompañamiento técnico y pedagógico.
Un paso hacia la conciencia impositiva
La medida no modifica el esquema tributario, pero propone un cambio cultural: que cada comprador sepa cuánto del total que paga corresponde a impuestos. En un país donde la carga fiscal suele ser motivo de debate, la resolución promueve un consumidor más informado y, en consecuencia, una ciudadanía más consciente.
Con la adhesión de las provincias y la progresiva adaptación de los sistemas de facturación, el país se encamina hacia un modelo de mayor claridad en la relación entre el Estado, los comerciantes y los ciudadanos. Como subrayó Ahmar: “Lo que se busca es la transparencia fiscal. Informar al consumidor y que sepa qué es lo que paga por impuesto al adquirir un producto”.
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