Tras el fallo de la jueza federal de Estados Unidos Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera en 2012, el Gobierno de Javier Milei anunció que apelará la medida y analiza distintas estrategias para evitar la ejecución inmediata del dictamen.
La sentencia fue dictada en el marco de un litigio iniciado por Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de un fallo que ordena compensaciones por más de USD 16.000 millones, más intereses. En paralelo, la jueza también ordenó la entrega de acciones a Bainbridge, otro demandante, por USD 95 millones.
El recurso de apelación será presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación en los próximos 14 días, plazo que impuso la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que el Estado transfiera su participación en YPF. Sin embargo, Argentina solicitará que se suspendan los efectos de la sentencia hasta que se resuelva en instancias superiores.
Entre las opciones legales, Preska detalló que el país podría buscar una autorización del Congreso argentino —que requeriría dos tercios de los votos— para ceder las acciones, o bien modificar las leyes locales. También mencionó la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial con los demandantes.
Otra alternativa que evalúa el Gobierno es transferir las acciones a una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon (BNYM), con la condición de que no sean entregadas a los beneficiarios hasta que finalice el proceso de apelación. Esta vía permitiría cumplir formalmente con la orden judicial sin concretar la entrega definitiva.
Desde Burford Capital insisten en forzar negociaciones mediante presiones judiciales, como pedidos de embargos sobre activos argentinos en el exterior. Al mismo tiempo, buscan que YPF sea incluida como parte responsable en el caso, algo que aún está bajo revisión judicial.
Por su parte, la Argentina mantiene vigente una apelación al fallo de primera instancia dictado también por Preska, con el objetivo de revertir o reducir el alcance de la sentencia, al considerar que las condiciones del proceso de estatización no justifican la magnitud del resarcimiento exigido.
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