En un movimiento que sacudió la escena diplomática latinoamericana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso un acuerdo humanitario al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro: repatriar a 252 migrantes venezolanos actualmente detenidos en el país centroamericano, a cambio de la liberación de un número equivalente de presos políticos encarcelados en Venezuela.
La propuesta fue anunciada públicamente por Bukele a través de su cuenta oficial en la red social X, donde argumentó que los detenidos en El Salvador enfrentan cargos criminales graves, como homicidios, violaciones y pertenencia a bandas organizadas, en contraste con los presos políticos en Venezuela, que están privados de libertad por oponerse al gobierno autoritario y denunciar fraudes electorales.
“A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos”, lanzó Bukele, en un mensaje que incluyó referencias directas a casos emblemáticos como el del periodista Roland Carreño, la activista Rocío San Miguel y Rafael Tudares, yerno del presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia.
El mandatario salvadoreño también amplió el reclamo a nivel internacional, mencionando a ciudadanos estadounidenses, alemanes, argentinos, mexicanos, colombianos y españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela, y exigió su liberación como parte del mismo principio humanitario.
Respuesta virulenta desde Caracas
La reacción del régimen chavista no se hizo esperar. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, calificó la propuesta de Bukele como “cínica” y lo acusó de mantener secuestrados a los migrantes. Exigió pruebas de vida, listados oficiales, informes médicos y estatus judicial de los detenidos en territorio salvadoreño.
Saab también negó la existencia de presos políticos en Venezuela, alegando que todos los detenidos lo están por delitos comunes o conspiración. Sin embargo, su declaración contradice los informes de organismos internacionales como Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de la ONU, que han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
Presos sin rostro, familias sin respuestas
En las últimas semanas, diversos familiares de presos políticos han alzado la voz con renovada urgencia. Mariana González, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, denunció la desaparición forzada de su esposo, Rafael Tudares, quien lleva más de 100 días sin contacto con el exterior. «Exigimos una fe de vida», declaró en un comunicado que conmovió a la oposición venezolana.
A su vez, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024, sufre una fractura en el hombro sin recibir atención médica desde hace más de siete meses, un hecho que calificaron como tortura médica. También persiste el hermetismo en torno al paradero del gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado en diciembre tras ingresar desde Colombia.
Tren de Aragua, CECOT y la mano dura salvadoreña
El trasfondo del intercambio propuesto está atravesado por una crisis regional de migración, crimen organizado y represión política. Más de 200 venezolanos han sido recientemente deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, muchos de ellos señalados por sus vínculos con el Tren de Aragua, la peligrosa organización criminal transnacional que Washington ya cataloga como grupo terrorista.
Estas personas están recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad creada por Bukele como símbolo de su política de “mano dura” contra las pandillas y estructuras delictivas. El presidente salvadoreño aclaró que no se trata de perseguidos políticos ni víctimas de persecución, sino de criminales peligrosos.
Desde Caracas, el gobierno de Maduro calificó las deportaciones como actos de “secuestro” y responsabilizó tanto a Washington como a San Salvador por supuestas violaciones a los derechos humanos de los migrantes. A ello, Bukele respondió reiterando que su país actúa conforme a la ley y que formalizará su propuesta por vía diplomática, cerrando su mensaje con una bendición para el pueblo venezolano.
Un nuevo eje de presión internacional
La propuesta de Bukele, aunque rechazada por el chavismo, reavivó el foco internacional sobre las condiciones de los más de 270 presos políticos en Venezuela, según cifras del Foro Penal Venezolano. Entre ellos hay líderes opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes sin filiación política, detenidos en un contexto de creciente represión.
La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios venezolanos, y la comunidad internacional sigue exigiendo condiciones mínimas de legalidad democrática de cara a los próximos comicios.
Con esta jugada, Bukele se posiciona no solo como un férreo defensor del orden interno salvadoreño, sino como un actor regional dispuesto a incomodar a las dictaduras del continente. El tiempo dirá si su propuesta fue apenas una provocación mediática o el inicio de una nueva estrategia humanitaria frente al autoritarismo.
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