A las 10.30 comenzó en Aeroparque una protesta multigremial contra lo que los sindicatos definieron como el “deterioro que atraviesa el sistema aeronáutico nacional”. Según sostienen, la situación es consecuencia de “políticas de ajuste, vaciamiento y ataque permanente a las funciones estratégicas del Estado”.
Luego de dos anuncios de paro que no se concretaron, ATE‑SMN busca ahora visibilizar las consecuencias de la caída presupuestaria y de personal que atraviesa el organismo, así como el impacto que eso podría tener sobre servicios aéreos utilizados a diario por la población.
En apoyo y por primera vez desde el inicio del conflicto, a la manifestación se sumaron representantes sindicales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La protesta se desarrolló con presencia de efectivos de la policía de la Ciudad, sin que se registraran incidentes.
Si bien la conducción nacional de ATE participó del acto, desde el gremio denunciaron que trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional fueron desalentados para asistir. Según señalaron integrantes de la comisión directiva de ATE‑SMN a LA NACION, quienes trabajan en la sede de Dorrego se encontraron con la mayoría de las salidas del predio cerradas con precintos plásticos y mobiliario.
“Al intentar salir por la puerta principal, que era la única abierta, el director de Recursos Humanos ordenó cerrarla para controlar a quienes quisieran manifestarse. Mucha gente terminó quedándose”, aseguraron desde el sindicato. El funcionario señalado es Ezequiel Venturino. LA NACION intentó comunicarse con él por distintas vías, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
El epicentro de la protesta fue el Aeroparque Jorge Newbery. También participaron otros sindicatos aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y trabajadores de Intercargo, entre otros.
Además, ATE envió una nota a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para rechazar que el Poder Ejecutivo anule las medidas de fuerza en el SMN bajo el argumento de que se trata de un “servicio esencial”. Hace varias semanas, el gremio anunció en dos oportunidades jornadas de paro que amenazaban con afectar los vuelos comerciales en todo el país. Sin embargo, la declaración del Gobierno terminó por desactivar la medida. Aun así, la posibilidad de nuevas acciones sigue latente dentro de la institución científica.
Aunque el conflicto con el SMN existe, al menos, desde 2024, la principal tensión que atraviesa esta jornada de protesta es la desvinculación de 140 personas ocurrida hace un mes. “El SMN cumple un rol irremplazable dentro del sistema aeronáutico argentino y debe permanecer bajo la órbita del Estado, garantizando soberanía, profesionalismo y seguridad operacional”, señalaron en un comunicado conjunto representantes de ATE del SMN, ANAC y EANA.
Según pudo saber LA NACION, los despidos no afectarían a la planta permanente del organismo. Se trata de trabajadores contratados bajo la modalidad temporaria prevista en el artículo 9, una práctica extendida en todo el Estado y que, en este caso, afectaba a más de la mitad de la planta.
Desde el Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona el SMN, sostienen que el proceso no responde únicamente a un ajuste, sino a una modernización. Hablan de incorporar “automatismos” y “máquinas” que sustituyan tareas consideradas “ineficientes” dentro de algunos sectores de la institución.
La transformación apunta principalmente a automatizar el proceso de observación meteorológica, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos climáticos. Desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, este último sistema resulta obsoleto y requiere una inversión prioritaria. Aseguran además que los cambios permitirían reemplazar parte del personal sin necesidad de cerrar estaciones.
Sin embargo, el recambio tecnológico llega después de las desvinculaciones y allí aparece una preocupación compartida no solo por el gremio, sino también por científicos y técnicos del SMN. “La recopilación de datos se vería afectada. Las series históricas podrían interrumpirse y eso impacta sobre toda la cadena”, explicaron. Calculan que se necesitarían al menos dos años para adaptar los procesos sin perjudicar la obtención de información.
En el mundo, estas máquinas son conocidas como estaciones meteorológicas automáticas y pueden costar entre US$10.000 y US$30.000 cada una. “En países europeos suele haber una o dos por estación”, comentó un científico que trabaja en el organismo.
Un cálculo preliminar indica que la inversión mínima solo para adquirir estas estaciones rondaría los US$2,5 millones. Es decir, poco menos del 10% del presupuesto asignado al sector para 2026. “Y eso no sería lo único necesario. También habría que invertir en data centers y en equipos capaces de procesar información continua”, explicó un científico del SMN, quien advirtió que esa discusión todavía ni siquiera comenzó.
La modernización, en definitiva, tiene un rumbo delineado, pero con plazos todavía inciertos. “Vamos a avanzar conforme podamos”, deslizaron desde la cartera de Defensa hace menos de un mes. Según explican, dependen de variables que exceden su control, como la disponibilidad presupuestaria y posibles cambios políticos que alteren las prioridades del plan. Esa incertidumbre se profundiza ante el escenario electoral del próximo año.
Por ahora, el primer paso del proceso son las desvinculaciones, que desde el Ministerio confirmaron como el inicio de una primera etapa de reducción de personal. Hacia fin de año se sumarían las bajas de 30 trabajadores civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares próximos al retiro y otras 20 personas que pasarían a “disponibilidad”, una figura administrativa que permite su eventual transferencia a otras dependencias estatales. En total, se proyecta una reducción de 205 trabajadores sobre una planta de 972 empleados, de los cuales 780 son civiles. Tras el recorte, la dotación civil quedaría reducida a 590 personas.
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