La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados debatió este martes un proyecto de ley de la diputada Verónica Razzini (PRO), orientado a convertir en delito penal el bloqueo de empresas por parte de sindicatos o grupos organizados. La propuesta surge en respuesta a una práctica que, según Razzini, afecta gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a sus trabajadores, dificultando su operatividad y promoviendo un clima de intimidación.
Penas y Sanciones Propuestas
El proyecto contempla penas de prisión de entre 6 meses y 3 años y 6 meses para quienes obstruyan, bloqueen o entorpezcan el acceso a una empresa o comercio con la intención de obtener beneficios propios o de terceros. Además, apunta a sancionar a sindicatos o entidades que alienten esta práctica. Razzini sostiene que estas conductas afectan no solo a las empresas, sino también a sus trabajadores, al impedir el funcionamiento regular de las pymes y amenazar la estabilidad laboral de sus empleados.
La propuesta establece también que, al momento de un bloqueo, las autoridades provinciales o nacionales deberán presentarse en el lugar para identificar e intimar a los participantes a que se retiren. De no hacerlo después de dos advertencias, se autoriza a las fuerzas de seguridad a intervenir para disolver la manifestación. Además, la víctima podrá solicitar un perímetro de exclusión si considera que el bloqueo podría repetirse.
Un Proyecto Nacido de la Experiencia Personal
Razzini, quien es dueña de una pyme en Rosario, vivió en carne propia el impacto de estas prácticas cuando en 2020 sus instalaciones fueron bloqueadas por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe durante tres meses. La diputada y su familia enfrentaron amenazas, intimidaciones y agresiones, lo que motivó su alejamiento temporal de su empresa y su eventual decisión de fundar el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que agrupa a empresarios de pymes afectados por bloqueos sindicales. En 2022, la situación escaló cuando su empresa fue baleada antes de un juicio en el que cuatro dirigentes sindicales fueron imputados.
Protección para las Pymes y Desincentivo de Bloqueos
El proyecto subraya que los bloqueos, realizados habitualmente por sindicatos de gran tamaño, proyectan efectos negativos en la inversión, el empleo y la actividad empresarial en general. Razzini argumenta que, sin sanciones legales claras, los perpetradores sienten que tienen impunidad para emplear métodos violentos, lo que afecta no solo a los empresarios sino también a los trabajadores y a la comunidad en general.
“El uso de la violencia para obtener beneficios mediante la fuerza es inaceptable”, manifestó la diputada, destacando que las pymes representan una fuente fundamental de empleo en el país y, por lo tanto, su estabilidad debe ser protegida frente a prácticas que amenacen su operación y sostenibilidad.
Repercusiones y Desafíos del Proyecto
El proyecto ha sido bien recibido por sectores empresariales que ven en esta medida una oportunidad para protegerse de bloqueos que afectan su estabilidad financiera y la de sus empleados. Sin embargo, algunos sectores sindicales han criticado la iniciativa, argumentando que la criminalización de los bloqueos podría interpretarse como un ataque al derecho de huelga y manifestación.
La discusión legislativa continúa mientras el proyecto de ley avanza en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se evaluará el alcance de las sanciones propuestas y el equilibrio entre el derecho a la protesta y la protección de la actividad económica.
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