El Gobierno de Mendoza concretó esta semana un hecho sin precedentes en la lucha contra la corrupción: subastó por más de $172 millones la lujosa mansión del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, quien fue condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta.
La operación se llevó a cabo bajo el amparo de la Ley de Extinción de Dominio provincial, que habilita al Estado a recuperar bienes vinculados a delitos federales o que no puedan ser justificados legalmente por sus titulares. En este caso, los fondos obtenidos serán destinados a la reparación de escuelas públicas en distintos puntos del territorio mendocino.
El gobernador Alfredo Cornejo celebró el remate como un hito institucional: «Es el primer caso de Extinción de Dominio del país que culmina con el regreso del dinero robado al Estado para beneficiar a la comunidad», expresó. Además, informó que a la suma recaudada por la mansión se agregan otros $447 millones provenientes de la venta de nueve inmuebles por herencia vacante en los departamentos de Capital, Godoy Cruz y Guaymallén.
«Este avance posiciona a Mendoza como pionera en la lucha contra la corrupción en la Argentina», añadió Cornejo, quien detalló que los fondos servirán para financiar obras de infraestructura y mejoras en escuelas públicas, consolidando una política de reinversión social de bienes obtenidos de manera ilícita.
La mansión en cuestión, ubicada en el exclusivo barrio privado Alto Portal del Sauce, posee un terreno de 1.666 metros cuadrados, de los cuales 621 metros son cubiertos, e incluye pileta, amplios jardines y comodidades de lujo. La subasta, que tuvo una base de $60 millones, contó con más de 100 oferentes y fue finalmente adjudicada a un ciudadano de Guaymallén por $172.241.977,30.
Lobos, quien fue intendente entre 2011 y 2015, enfrenta además otros procesos judiciales por presuntas irregularidades durante su gestión. Su caso se convirtió en un emblema del mal uso de fondos públicos en la provincia.
Con esta subasta, Mendoza sienta un precedente institucional de alto valor simbólico y práctico: demuestra que es posible recuperar lo robado, devolverlo al Estado y transformarlo en obras concretas para el bienestar social. Una señal fuerte en tiempos donde la ciudadanía exige mayor transparencia y justicia.
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