El gobierno provincial concretó una polémica compra de siete colectivos usados por un valor total de $136.500.000, destinados a facilitar el traslado de alumnos y docentes de escuelas rurales en diferentes zonas de la provincia. El Decreto Nº1595, fechado el 25 de junio y publicado oficialmente el pasado 28 de octubre, revela que el costo de cada unidad ascendió a $19.500.000, un monto considerable para vehículos de segunda mano.
Un Decreto Inusual con la Firma de Todo el Gabinete
Lo que más ha llamado la atención en este caso es que el decreto cuenta con la firma del gobernador y todos los ministros del Poder Ejecutivo, un detalle poco común en este tipo de compras. La operación se realizó mediante una adjudicación directa a una empresa local de transporte, lo que ha generado suspicacias debido a la falta de licitación pública. Esta decisión ha despertado dudas en el ámbito político y social, donde se cuestiona la transparencia del proceso.
Necesidad de Transporte en Áreas Rurales
El decreto menciona que aproximadamente el 60% de las instituciones educativas de la provincia están ubicadas en zonas rurales, lo que justifica la necesidad de disponer de unidades de transporte adecuadas para alumnos y docentes que deben desplazarse largas distancias. Sin embargo, no se especifica en el documento a qué localidades, municipios o regiones se destinarán estos buses, dejando abierta la incógnita sobre los criterios de distribución de los mismos.
Precedente en 2023 y Cuestionamientos sobre los Costos
La compra de estos vehículos no es un caso aislado. Durante 2023 se realizó una transacción similar, en la que se adquirieron otros siete colectivos usados para el mismo propósito. Esta reiteración en la modalidad de compra directa y la falta de información específica sobre el estado de los buses han provocado cuestionamientos sobre el costo de cada unidad, que podría considerarse elevado para un vehículo de segunda mano.
Transparencia y Proceso de Adjudicación
Si bien la adquisición de transporte para mejorar el acceso a la educación rural es una prioridad indiscutible, sectores de la oposición y de la sociedad civil han pedido mayor transparencia en los procesos de compra de bienes de alto valor, especialmente cuando se recurre a contrataciones directas. La necesidad de establecer licitaciones públicas y de especificar los criterios de adjudicación y uso de los fondos ha sido un punto de reclamo recurrente, más aún cuando el decreto implica un desembolso significativo y se realiza sin una convocatoria pública.
Conclusión
La compra de estos colectivos responde a una necesidad urgente para las escuelas rurales, pero la modalidad y la falta de detalles específicos en el decreto han generado suspicacias y llamado la atención sobre la gestión de fondos provinciales. La administración provincial deberá responder a los interrogantes planteados en torno a esta operación, aclarando los criterios de asignación y la idoneidad de los costos para disipar las dudas y garantizar la transparencia en futuras adquisiciones.
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