La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó el recurso de Casación presentado por la defensa de Carlos Guido Pérez (63), ex capitán de navío, y su esposa María Victoria Caillava (53), ex funcionaria municipal, ambos acusados de participar en la sustracción de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal. Con esta decisión, la única vía que le queda a la defensa es presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado Ernesto González, defensor del matrimonio, había interpuesto el recurso en un intento por revertir el fallo anterior de los jueces Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo, quienes ya habían ratificado los procesamientos con prisión preventiva de los siete imputados en el caso. González alegó que se violó el Código Procesal Penal y que el fallo constituía una sentencia “equiparable” a definitiva, por el daño irreparable que causaría.
Sin embargo, el fiscal general Carlos Schafer pidió su rechazo. En su dictamen señaló que no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable, y que el recurso carecía de agravio federal concreto o arbitrariedad manifiesta. Coincidiendo con este criterio, los jueces de la Cámara argumentaron que el escrito defensivo representaba “una mera discrepancia” con lo resuelto, y que se había garantizado la doble instancia judicial, por lo que no se afectaba el derecho a defensa.
En su resolución, los magistrados subrayaron además que el procesamiento incluye una descripción clara de los hechos y del rol atribuido a Pérez y Caillava, lo cual limita la admisibilidad de un recurso extraordinario. Indicaron que la defensa no objetó debidamente la fundamentación de la prisión preventiva, punto que podría haber dado lugar a un análisis parcial del recurso.
Qué se les imputa a Pérez y Caillava
Según la reconstrucción judicial, el matrimonio habría participado de un plan coordinado para sustraer a un menor —sin tener inicialmente a Loan como objetivo específico— durante un almuerzo familiar en casa de Catalina Peña, abuela del niño. La Cámara sostuvo que cada uno de los siete imputados tenía un rol predeterminado en la maniobra.
En ese contexto, Pérez y Caillava habrían sido los encargados de retirar al niño del lugar en su camioneta Ford Ranger, tras recibir una señal por parte de los captores. Según la acusación, partieron de la reunión con la excusa de ver un partido de fútbol (River vs. Deportivo Riestra), para luego encontrarse con Benítez y Ramírez, quienes entregarían al niño en un punto acordado: la escuela abandonada conocida como «la tapera».
El caso se complejiza aún más por el hecho de que ninguna de las personas inicialmente presentes en el almuerzo alertó de inmediato sobre la desaparición del menor, y algunas, como Laudelina Peña, habrían actuado como nexo entre los captores y el matrimonio.
La investigación sigue abierta, con todos los imputados detenidos y procesados. El revés judicial marca un nuevo hito en la causa y anticipa un posible desenlace en la Corte Suprema, si la defensa decide agotar todas las instancias. Mientras tanto, la desaparición de Loan Peña continúa generando conmoción y el caso se mantiene entre los de mayor repercusión pública del país.
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