El 28 de octubre, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará una exhaustiva auditoría sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA), enfocada en examinar el uso de fondos públicos transferidos por el Tesoro Nacional en los últimos años. Este análisis detallado, impulsado tras la derogación de una normativa que impedía a la SIGEN auditar universidades nacionales, podría revelar sus primeros resultados a principios de diciembre.
Fondos Sin Rendir y la Lupa sobre la Caja Chica
Según información previa recabada por la SIGEN, la UBA no rindió cuentas sobre el 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022, cifra que supera los $8.000 millones. Estos recursos estaban destinados a programas universitarios como el FUNDAR, centrado en acciones de desarrollo nacional y regional, sin embargo, no se ha especificado su destino. Además, hay otros $500 millones destinados a infraestructura entre 2015 y 2019, sin detalles sobre su uso.
Uno de los aspectos de especial interés es el uso de la caja chica, que, según una fuente de la SIGEN, en muchas ocasiones se deposita en cuentas personales de los funcionarios que gestionan estos gastos. Este recurso, destinado a cubrir imprevistos, puede ser difícil de controlar, y el organismo busca determinar si fue manejado adecuadamente.
Auditoría de Convenios con Organismos Públicos y Posibles Irregularidades
El control se extenderá a más de 2,245 convenios que las universidades, incluida la UBA, firmaron con ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Estos acuerdos, de entre $2 millones y $170 millones cada uno, se llevaron a cabo sin licitaciones, lo que genera sospechas. La investigación también se enfocará en prácticas de subcontratación a terceros, un proceso donde las universidades recibían dinero del Estado para luego contratar otras entidades para realizar el trabajo, lo cual podría estar en contravención del decreto 426/2022, que prohíbe la contratación de personal a través de este tipo de acuerdos.
Entre los convenios destacados se encuentran el firmado entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para la digitalización de documentos, y otro del ex Ministerio de Desarrollo Social con la Universidad Nacional Guillermo Brown por $22,4 millones, ambos cuestionados por su modalidad de ejecución.
Control Extendido sobre Universidades y Contratos del Gobierno
Esta auditoría responde a una estrategia de control gubernamental que implica verificar el uso de los fondos públicos asignados a diversas universidades que han prestado servicios como capacitaciones, consultorías, y diplomaturas para distintos ministerios. El Ministerio de Ciencia, el INDEC, el INADI, el Ministerio de Turismo y Seguridad, y la Jefatura de Gabinete son solo algunas de las entidades que han firmado contratos con universidades nacionales. Por su parte, las universidades de La Matanza, San Martín, Mar del Plata, Quilmes, y Luján, entre otras, figuran como principales prestadoras de estos servicios, y estarán bajo revisión en el marco de esta auditoría.
Esta medida de la SIGEN tiene el potencial de hacer más transparente el uso de fondos públicos en el ámbito universitario, identificando deficiencias en la administración de las universidades y aportando claridad sobre la distribución y el manejo de estos recursos.
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