Este lunes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un plan de medidas que busca regular y transparentar los gastos en universidades públicas a través de un sistema de compras públicas. Estas resoluciones, previstas para la próxima semana, introducirán un marco de control financiero para que las universidades registren sus gastos en el sector público, sin afectar su autonomía.
Sturzenegger remarcó que la medida es una respuesta a las crecientes preocupaciones por el uso de fondos públicos y aclaró: “Sabemos que las universidades son autónomas y pueden gastar en lo que quieran, pero no quiere decir que puedan gastar como quieran”.
Prohibición de Contratos Interadministrativos
Dentro del plan de reforma, el ministro confirmó la prohibición de los contratos interadministrativos en las universidades, señalando que la medida contribuirá a hacer más transparente el uso de los recursos públicos y a combatir posibles irregularidades.
El contexto de este anuncio se da en un marco de conflicto universitario que comenzó con una disputa salarial. Frente a las críticas y los reclamos, el presidente Javier Milei destacó que su administración aprobó el mayor aumento salarial para docentes universitarios, argumentando que su gobierno ha trabajado para actualizar los presupuestos congelados durante la gestión de Alberto Fernández.
Auditoría y Transparencia: Un Cambio en la Interpelación del Gasto
En medio de este escenario, el presidente planteó la necesidad de auditar los fondos que se asignan a las universidades, más allá de los salarios y gastos operativos. “Vamos a auditar eso”, expresó Milei en relación con los fondos destinados a otras partidas dentro del sistema universitario. El gobierno asegura que, con esta medida, busca transformar el debate sobre el gasto universitario en una reflexión profunda sobre la administración de recursos en el sistema público.
Estas resoluciones forman parte de un proyecto que busca fortalecer la rendición de cuentas en el ámbito educativo y asegurar un financiamiento transparente, equilibrando la autonomía universitaria con la responsabilidad de gestionar eficientemente los fondos públicos.
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