El gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó la seguridad pública y la reforma judicial en el centro de su agenda política con una serie de propuestas que buscará impulsar durante la sesión legislativa de 2027.
De acuerdo con The Texas Tribune, Abbott presentó sus prioridades de seguridad pública durante un evento realizado en la sede de la Austin Police Association, acompañado por legisladores republicanos y representantes policiales.
Allí defendió la necesidad de introducir “más protecciones y más barreras de control” para evitar, según su postura, que algunos fiscales progresistas permitan que delincuentes reincidentes queden en libertad.
Entre las propuestas más relevantes aparece la intención de negar la libertad bajo fianza a inmigrantes indocumentados acusados de determinados delitos graves.
La iniciativa alcanzaría casos vinculados con homicidios, secuestros, agresiones sexuales e indecencia con menores. Abbott sostuvo que quienes se encuentran en el país norteamericano de manera irregular presentan un mayor riesgo de fuga mientras esperan el juicio.
El paquete presentado por Abbott incluye:
El gobernador aseguró que, si estas medidas avanzan, el estado podrá reforzar la protección de las comunidades locales. “Cuando estas estrategias sean aprobadas, lograremos nuestro objetivo de asegurarnos de que, como estado, estamos protegiendo a nuestras comunidades”, afirmó durante el anuncio.
Eso implica que las propuestas necesitarían una mayoría calificada en la Legislatura de Texas, algo que no resultaría sencillo en un escenario político dividido.
El antecedente más cercano ocurrió el año pasado, cuando una iniciativa similar para negar la fianza a inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos no logró alcanzar los 100 votos necesarios en la Cámara de Representantes estatal.
Pese a ese resultado legislativo, Abbott dejó en claro que volverá a insistir con el proyecto. Incluso advirtió que aquellos legisladores que rechacen la medida deberán “responder ante los votantes” por oponerse, según él, a una iniciativa destinada a proteger la seguridad pública.
Gran parte del anuncio estuvo atravesado por las críticas contra el fiscal del condado de Travis, José Garza, una figura frecuentemente cuestionada por sectores conservadores y sindicatos policiales.
Durante la conferencia, Abbott y otros dirigentes republicanos apuntaron contra la gestión del funcionario, al que acusan de ser demasiado flexible frente al crimen.
Según Fox 7 Austin, tanto dirigentes policiales como legisladores sostuvieron que algunos fiscales priorizan la ideología política por encima de la aplicación de justicia.
El presidente de la Austin Police Association, Michael Bullock, aseguró que en ciertos casos “la justicia queda relegada frente a la política, la ideología y la conveniencia”.
Otra de las críticas dirigidas a Garza está relacionada con demoras en la presentación de acusaciones formales en causas penales.
Abbott cuestionó especialmente que algunos sospechosos de delitos graves no hayan sido imputados dentro del plazo legal de 90 días, situación que provocó que algunas personas fueran liberadas o permanecieran detenidas más tiempo del permitido.
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