La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso este jueves de manera provisoria la suspensión de la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo resolvieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.
Los magistrados dispusieron “conceder” la queja “en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió LA NACION.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto el miércoles último, un día antes de la quinta Marcha Universitaria Federal, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, del orden de $100.000 por día por no aplicar la norma.
La Cámara hizo lugar al recurso de queja de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y estableció que la causa debe tratarse en el juzgado de primera instancia, por lo que las multas económicas sobre la Jefatura de Gabinete quedan suspendidas mientras continúa el trámite.
La causa
La Justicia federal había intimado formalmente al gobierno de Javier Milei a acatar la cautelar que había sido ratificada por la Corte Suprema. A fines de septiembre, el juez Cormick ya había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, y había fijado un plazo máximo de cinco días para hacerlo.
Cormick señaló, además, que la decisión se adoptaba “en concordancia” con lo resuelto en la causa principal: la semana pasada, el juez había declarado la inconstitucionalidad del tramo del decreto 759/2025 mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial del año pasado.
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