El 1° de enero de 2025 entró en vigor la House Bill 5561 (HB 5561) en Illinois, una enmienda a la Ley de Protección de Denunciantes (Whistleblower Act) que amplía las garantías para empleados que denuncien prácticas ilegales o peligrosas en sus lugares de trabajo. La medida, firmada por el gobernador JB Pritzker, redefine conceptos clave e incorpora mecanismos más robustos contra represalias.
La HB 5561, aprobada en 2024 y con entrada en vigor en 2025, amplía las definiciones de “empleador” y “empleado”, así como también incorpora nuevos conceptos como “acción laboral adversa” y “acción retaliatoria”. Además, establece sanciones más severas contra las represalias hacia quienes denuncien irregularidades o peligros en el lugar de trabajo.
En específico, esta ley amplía el concepto de “empleador” para incluir a cualquier persona o entidad con al menos un trabajador: desde empresas privadas hasta organismos públicos, distritos escolares y universidades.
También redefine “empleado” para contemplar no solo a trabajadores regulares, sino también a profesionales, como médicos con licencia, que ejerzan en instituciones financiadas por el estado de Illinois. Esto cierra vacíos legales que antes dejaban sin cobertura a ciertos grupos laborales.
Al mismo tiempo, la norma introduce el término “acción laboral adversa”, que describe cualquier medida que disuada a un trabajador de ejercer sus derechos. Este concepto es clave para evaluar situaciones de hostigamiento o despido por denunciar irregularidades.
Uno de los pilares de la HB 5561 es la prohibición de “acciones retaliatorias”, que abarca tanto medidas laborales adversas como amenazas que puedan intimidar al trabajador. Entre los actos prohibidos se incluyen:
La ley también excluye de esta categoría ciertas conductas, como la información veraz sobre desempeño laboral entregada de buena fe a un empleador potencial o acciones requeridas por ley.
En este sentido, otro punto clave de la HB 5561 es que permite al Fiscal General de Illinois iniciar o intervenir en demandas civiles cuando tenga causa razonable para creer que una persona o entidad cometió prácticas prohibidas.
Las violaciones a la HB 5561 pueden derivar en compensaciones económicas, daños punitivos y otras sanciones. El objetivo es disuadir prácticas de represalia y resarcir a las víctimas por el perjuicio sufrido.
Las posibles medidas de reparación incluyen:
Estas medidas se suman a los recursos legales ya existentes bajo la ley federal y estatal. El texto también fija que las modificaciones introducidas solo se aplicarán a reclamaciones o denuncias presentadas a partir del 1° de enero de 2025, lo que da claridad sobre el alcance temporal de la norma.
La ampliación de protecciones podría generar un aumento en las denuncias laborales, ya que los empleados contarán con más garantías para informar irregularidades sin temor a represalias.
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