Fundamentos de la denuncia y perjuicio al Estado
La denuncia, impulsada por la Oficina de Integridad y la Coordinación de Asuntos Penales de la ANSES, sostiene que la ex mandataria incurrió en los delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica. Según el documento judicial, Cristina Kirchner percibió el adicional de Zona Austral tanto en su asignación vitalicia como ex presidenta como en la correspondiente a la pensión por viudez de Néstor Kirchner.
El argumento central del gobierno es que este beneficio está destinado exclusivamente a quienes residen en provincias del sur argentino, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, con el fin de compensar el mayor costo de vida en esas regiones. Sin embargo, la acusación sostiene que la residencia efectiva de Cristina Kirchner durante ese período fue en la Ciudad de Buenos Aires, lo que invalidaría su derecho a percibir esos montos adicionales.
El perjuicio patrimonial exacto para la ANSES se determinará a través de pericias contables, aunque ya se adelantó que en noviembre de 2024, Cristina Kirchner cobró $35.255.297, de los cuales $6.354.523 correspondieron al suplemento de Zona Austral.
Declaraciones de funcionarios y medidas adoptadas
El director de ANSES, Mariano de los Heros, justificó la denuncia alegando que “las condiciones que dan origen a una asignación vitalicia son la honestidad y la credibilidad, que se pierden cuando hay una condena”. Calificó la situación como una «indignidad» y remarcó que el monto percibido por la ex mandataria equivalía a 136 jubilaciones mínimas.
Desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, se respaldó la medida y se aseguró que la política del gobierno es la “transparencia en la administración de los fondos públicos”.
En paralelo, ANSES ordenó una auditoría masiva sobre el pago del suplemento de Zona Austral, no solo en el caso de Cristina Kirchner, sino también en el de otros beneficiarios que podrían haber accedido indebidamente a este adicional.
Investigación y pruebas presentadas
La denuncia incluye la solicitud de diversas medidas probatorias, entre ellas:
- Revisión de asistencia al Senado para determinar la presencia de la ex mandataria en Buenos Aires durante el período en cuestión.
- Informe del Banco Central sobre sus movimientos bancarios y transferencias.
- Análisis de registros telefónicos para verificar su ubicación habitual.
- Pericias caligráficas y contables para examinar la documentación presentada.
Además, se investiga si el ex presidente Néstor Kirchner también recibió pagos indebidos por Zona Austral antes de su fallecimiento en 2010.
Impacto político y judicial
La denuncia contra Cristina Kirchner no solo tiene una dimensión judicial, sino que también podría reavivar la polarización política en Argentina. La ex mandataria ha sido objeto de múltiples causas judiciales en los últimos años, algunas con condenas y otras aún en trámite. Sin embargo, sus seguidores sostienen que se trata de una persecución política impulsada por el gobierno de Milei.
Desde el entorno de la ex presidenta aún no hubo una respuesta oficial, pero se espera que sus abogados presenten una estrategia de defensa basada en la interpretación de la normativa sobre la asignación del suplemento de Zona Austral.
Mientras tanto, la ANSES insiste en que el caso configura un acto de corrupción conforme a los tratados internacionales suscritos por Argentina, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La causa avanza en el ámbito judicial y podría derivar en sanciones económicas e incluso en nuevas imputaciones contra la ex mandataria, en un contexto de creciente tensión política y económica en el país.
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